El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga y extraditado a México cinco meses después.
Lozoya Austin solicitó antes una nueva prórroga para poder defenderse de las acusaciones que pesan en su contra sobre la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de recursos ilícitos y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.
Desde que inició su proceso, esta es la sexta vez que el exfuncionario pide una prórroga para el cierre de la investigación complementaria. Sin embargo, de acuerdo con El Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) se habría opuesto a la petición de Lozoya Austin.
Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones al diario El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está “pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva”.
No obstante, la Fiscalía ha solicitado al Juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.
Emilio Lozoya Austin fue detenido el 12 de febrero de 2020 en la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga, por su presunta participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El titular de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.
El 28 de julio de 2020, el exfuncionario fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte –ya en el pasado se fugó–, y de esta manera dio formalmente inicio a un juicio histórico que se extiende sobre una parte importante de la clase política.
Lozoya Austin sigue su proceso penal en libertad. Un Juez ordenó que se le colocara un brazalete para no mantenerlo en la cárcel. La misma Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó prisión preventiva.
DENUNCIA A PEÑA
En agosto de 2020, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
“Hoy por la mañana, Emilio ‘L’ presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso Odebrecht y en varios otros casos. […] En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados en la campaña de 2012 para la Presidencia de la República, y quien después fue Presidente [Enrique Peña Nieto] y su Secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso] son las personas que este individuo le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que trabajaron y colaboraron para la campaña de estas dos personas”, reveló la Fiscalía General de la República.
En un breve mensaje a medios de comunicación, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio avances también sobre la compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, como la Reforma Energética impulsada en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto para abrir el sector a la inversión privada.
En este caso se habla también de 120 millones de pesos que, según el denunciante, fueron ordenados por las mismas personas, Peña Nieto y Videgaray para que se entregaran a un Diputado y cinco senadores de la República.
Más adelante, el Fiscal General aclaró que los nombres quedan en reserva hasta que la FGR judicialice, es decir, “hasta que encontremos las pruebas suficientes”.
“Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) que fueron ordenados por las mismas personas”, detalló.
Además de estas acusaciones, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht, según el Fiscal.
Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, y que ahí “se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.
En todos estos casos, dijo Gertz Manero, “los sistemas que él señala que se usaron fueron que estas dos personas a las que hizo referencia [Peña y Videgaray] le dieron instrucciones para que él entregara 84 millones de pesos a varios legisladores [cuyos nombres son semejantes a los citados] y a un secretario de Finanzas de un partido político”.
Después, continuó el funcionario, los dos personajes le dieron a Emilio “L” una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Electoral, a través de un enlace del que también da el nombre, pero aún no se puede citar.
“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, indicó.
En primer lugar, continuó el titular de la FGR, “las ratificaciones; después, la presencia de los testigos; el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y, en el caso de que sea procedente, a las personas que él imputa las llamaremos a declarar”.
El Fiscal cerró su presentación de esta tarde de viernes con la afirmación de que, si existe más información sobre el tema, la dará a conocer puntualmente.
Lozoya, el primer exfuncionario mexicano en declarar por el caso de Odebrecht, ha sacudido la política mexicana tras su extradición de España el 17 de julio.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido tratarlo como testigo “protegido” o “colaborador” para que revele los nombres y el monto de los políticos que recibieron sobornos, en particular de aquellos involucrados en la aprobación de la Reforma Energética.
El mandatario ha reiterado que el caso de Lozoya es emblemático del “narco-Estado” que vivía México en los gobiernos pasados.
Emilio Lozoya salió el 1 de agosto de 2020 del hospital de Ciudad de México al que ingresó dos semanas antes con anemia tras ser extraditado al estar acusado de corrupción.
El que fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, fue dado de alta de madrugada del Hospital Ángeles Pedregal, un centro médico privado ubicado en una zona acomodada del sur de la capital mexicana.
Al llegar a México el pasado 17 de julio, Lozoya fue trasladado directamente al hospital con anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago, en lugar de a la cárcel.
El exjefe de la endeudada Pemex compareció el martes 28 y miércoles 29 de julio de 2020 a través de videollamada desde el hospital en las audiencias de control sobre el caso Odebrecht y la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, casos por los que fue extraditado.
Lozoya está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
También está acusado de comprar la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital.
Los jueces de control de ambas audiencias decidieron dejar a Lozoya en libertad condicional, con la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y controlado con un brazalete electrónico.
Y es que la Fiscalía no pidió prisión preventiva puesto que llegó a un acuerdo para que el exdirector de Pemex, huido el año pasado y capturado en febrero en España, revele datos de la corrupción en el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) a cambio de un trato judicial amable.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario