Designada en 2019 por la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Esquivel Mossa propuso a la Segunda Sala un proyecto de sentencia contrario a las jurisprudencias emitidas por la SCJN para la admisión de amparos en revisión y cuando la defensa de la quejosa ya había perdido su reclamo multimillonario en todas las instancias previas, incluyendo un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación.
Una vez que la Segunda Sala de la Corte concedió la protección de la justicia a Carmela Azcárraga, la ministra Esquivel hizo un último intento de cambiar el fallo judicial –el cuarto cambio de opinión– para tratar de revertir un fallo por el que había votado a favor dos semanas atrás.
En medio de la preocupación que provocó este amparo en el gobierno federal, Esquivel decidió presentar un incidente de aclaración de sentencia para solicitar a los ministros de la Segunda Sala de la Corte revisar el amparo concedido a la sucesión hereditaria de la empresaria, aprovechando que la sentencia del caso fue notificada a todas las partes apenas el pasado 3 de septiembre, según consta en el expediente del amparo en revisión (7472/2019).
Sin embargo, en la sesión pública del pasado 8 de septiembre, los ministros de la Segunda Sala declararon improcedente dicho incidente de aclaración de sentencia en una votación unánime, por lo que quedó firme la resolución que obliga a las autoridades hacendarias a reintegrar más de 338 millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga, más las actualizaciones.
Ese monto fue reclamado por la defensa de la empresaria por primera vez el 18 de diciembre de 2007, argumentando “un pago en exceso” por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivado de que ese año la señora Azcárraga decidió vender las acciones de Televisa que eran de su propiedad.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2348 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
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