La apertura de México al escrutinio internacional en materia de desaparición ayudará a disminuir posibles intentos de simulación que pudieran tener autoridades estatales o federales, indicaron activistas quienes temen que las fiscalías estatales preparen insumos o reportes maquillados para el Comité de Desaparición Forzada de la ONU.
Organizaciones y colectivos de personas desaparecidas esperan que el Comité observe, además de los patrones sistemáticos de la desaparición, la impunidad “absoluta” que impera y que se pronuncie con especial énfasis en ello para que los gobiernos sean presionados a tomar acciones y así evitar el descrédito internacional.
Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, son algunos de los estados donde al menos cuatro de los 10 expertos que integran el CED han visitado y visitarán.
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y Juan-Pablo Albán Alencastro, encabezan la delegación que también está integrada por Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna, quienes tienen la tare de reunise con familiares y colectivos de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades.
“Esta visita representa un logro de las familias y colectivos de búsqueda que no han dejado de insistir en visibilizar y señalar la grave crisis en el país y esperan que las recomendaciones que emita el Comité puedan contribuir al diseño de una verdadera política de Estado, misma que aún no existe”, expuso el Centro de Derechos Humanos Agustin Prodh en un posicionamiento.
La inspección de este Comité, que concluirá el próximo 26 de noviembre, ha generado importantes expectativas pues permitirá que el país se abra internacionalmente a una de sus principales tragedias: la de los desaparecidos.
Aunque este órgano de las Naciones Unidas no viene en ceros; llega con una visión preliminar de la realidad del país, debido a que México ya compareció ante el CED en el año 2018 y ahí se informó sobre la situación que atraviesa México en cuanto a la desaparición en México.
En esa ocasión, el Comité giró recomendaciones al Estado mexicano en cuanto a la Ley General de Desaparición Forzada, así como para implementar una serie de medidas de política pública y de investigación.
“No creo que el Comité se vaya a sorprender de lo que va a escuchar porque ya tienen una radiografía de los informes que han enviado las organizaciones civiles para pedir Acciones Urgentes al Comité. Aquí lo interesante es que escuchará de primera mano a las familias, los testimonios de dolor y angustia que las mamá traen. Esperamos que el CED tenga ese impacto de escuchar esos testimonios”, explicó Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la organización civil Idheas, en entrevista con SinEmbargo; esta asociación ha dado acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y también ha llevado casos ante instancias internacionales.
La importancia de ver la realidad de diferentes entidades federativas y observar cada una de ellas radica en que el fenómeno de desaparición de personas en México es sumamente diferente según la región.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los estados con las mayores cifras netas de personas desaparecidas son: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua; sin embargo, si se mide el fenómeno por su tasa población, las entidades federativas con más altos índices de reportes desaparición (por cada 100 mil habitantes) son Colima, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes.
LAS EXPECTATIVAS DEL COMITÉ
El director de Idheas señaló que tanto organizaciones, activistas y colectivos esperan que el CED tome nota de los patrones sistemáticos de la desaparición y de la impunidad en cada una de las entidades federativas que supervisará, y que luego se pronuncie de manera contundente.
El activista explicó que existe el temor de que las fiscalías estatales preparen insumos o reportes maquillados, sin embargo, dijo que esperan que los miembros del Comité “tomen nota, confronten la información y observen que la impunidad es absoluta”.
“Lo que nosotros estamos esperando que el CED señale es que la impunidad estructural en México abre la puerta para encontrarnos frente a una situación de crímenes de lesa humanidad, es decir, que México sea señalado y ubicado en el contexto internacional”, reiteró el Gutiérrez Contreras.
Un pronunciamiento de las Naciones Unidas, abundó Gutiérrez, va a servir para que efectivamente se haga un llamado de atención y se suba el nivel de exigencia a México. Para las víctimas y activistas, visibilizar la impunidad por parte de las autoridades, especialmente por las fiscalías estatales, va a meter presiones a las autoridades para actuar y con ello evitar el descrédito internacional.
Y es que, en México solo existen 35 sentencias judiciales por desaparición forzada, de acuerdo a información brindada por la propia la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, el pasado 6 de octubre en una comparecencia en el Senado en donde señaló que más del 98 por ciento de los casos se encuentra en impunidad.
La titular de la Comisión dijo en ese momento que a pesar de los esfuerzos importantes en materia de búsqueda de personas, se puede concluir que se tiene una “impunidad total, que va desde la investigación, hasta la emisión de la sentencia”.
Juan Carlos Gutiérrez destacó que mientras que el Gobierno federal ha hecho intentos y ha dado pasos importantes en la materia, como aceptar la competencia del CED, crear la Comisión Nacional de Búsqueda y permitir la visita del CED, que en sí mismo ya es un paso importante; en los estados no existen las mismas condiciones.
“El tema de la desaparición no es exclusivamente del Gobierno federal, sino que es necesario poner el acento a los Gobierno estatales. El descrédito debe estar en los gobiernos estatales”.
El Centro Prodh explicó en un posicionamiento que ya en el año 2018, el Comité consideró que la desaparición generalizada de personas en gran parte del territorio mexicano “se mantiene en condiciones de impunidad y revictimización, además, la falta de datos confiables sobre desaparición, el reducido número de condenas, así como el alto número de cuerpos sin identificar y fosas clandestinas son las principales preocupaciones respecto a México”.
El pasado 15 de noviembre, México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU que el país enfrenta una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.
Por otro lado, en la visita también se destacarán los esfuerzos de las autoridades, como la creación de mecanismos como el Sistema Nacional de Búsqueda y las comisiones de la verdad del caso Ayotzinapa, de los crímenes ocurridos en la Guerra Sucia (1965 –1990), los cuales, también serán observados.
La legislación en materia de desapariciones es otro de los puntos que se supervisarán. México cuenta con una Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares —creada en el año 2018—, sin embargo, a nivel estatal al menos diez entidades no cuentan con una Ley en materia, como Campeche, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
ACCIONES DEL CED SERÁN OBLIGATORIAS, DICE LA SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la tarde de este viernes 19 de noviembre, en el marco de la visita del CED, una jurisprudencia en relación con la obligatoriedad de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU.
Las acciones urgentes son procedimientos mediante los cuales el CED ordena al Estado Mexicano a que se tomen medidas para garantizar la búsqueda y el hallazgo de una persona desaparecida, es decir, que le exige a la autoridad ministerial que actúe y haga todo lo necesario para avanzar en la búsqueda de una persona desaparecida.
“Es decir, las decisiones de Naciones Unidas, no pueden ser cuestionadas por ningún fiscal ni por ningún juez y deben de cumplirse, sin ninguna otra consideración. Dar la obligatoriedad es un avance muy importante”, explicó Juan Carlos Gutiérrez.
México es el país con el mayor número de Acciones Urgentes que ha girado el Comité de Desaparición Forzada, pues con un total 421 acciones concentra el 42 por ciento de todas las solicitudes registradas por ese organismo internacional hasta el corte de abril de 2021.
Tan solo el estado de Guerrero concentra más de la mitad (52.49 por ciento) de Acciones Urgentes con un total de 221; le sigue Nayarit con 49, Tamaulipas con 43, Veracruz con 39 y Sinaloa con 20.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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