Además, el comisionado Armando Ocampo rechaza las acusaciones que han hecho abogados privados de algunas víctimas de un supuesto hostigamiento y presión a éstas para que desistan de la defensa privada y se sumen a la pública que les brinda dicha Comisión. También niega un presunto “olvido” y falta de apoyos a los lesionados.
Sobre el acuerdo reparatorio que propone la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJEM) con el Grupo Carso, constructor del tramo metálico que colapsó cerca de la estación Olivos, a modo de reparación del daño, el funcionario aclara que si las víctimas lo aceptan, ya no podrán denunciar penalmente a la empresa del magnate Carlos Slim.
En entrevista, el titular de la CEAVI, Armando Ocampo, asegura que, hasta el jueves 28 de octubre, ni las autoridades capitalinas y ni el Grupo Carso habían suscrito ningún acuerdo reparatorio con las víctimas.
“Con las víctimas, aún no hay nada, no se ha firmado nada. Lo único existente es el acuerdo que, como ofendido del delito, el gobierno de la Ciudad de México respecto a la rehabilitación y la corrección del tramo siniestrado, que es lo que la jefa de gobierno ha explicado. Eso es lo único que hay”, aclara. Sin embargo, subraya que si se llega a un acuerdo con las víctimas, éste debe ser “voluntario”.
De manera breve, explica en qué consiste el acuerdo reparatorio: “Bajo los postulados de la justicia reparativa lo que significa es que en lugar de un procedimiento penal ordinario que se va a audiencia, luego viene la etapa intermedia, amparos y todo esto; de manera anticipada, las personas físicas y morales que, de algún modo, contribuyeron a la generación de este daño, reconocen la existencia del daño y acceden a reparar de manera complementaria el mismo. Las personas del otro lado tienen todo el derecho a aceptar o negarse, es totalmente voluntario”.
-Suponiendo que las víctimas aceptan participar en este acuerdo, tendrían que desistir de cualquier acción o demanda penal, civil o administrativa contra el gobierno y las empresas?
-La suscripción de un acuerdo reparatorio, lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales asegura es que la acción punitiva del Estado queda sin materia.
-Es decir, ¿ya no pueden demandar?
-Para efectos penales, no.
Sin embargo, asevera: “Quiero mandar un mensaje muy claro. En el proceso penal, en la CEAVI estamos buscando verdad, justicia, reparación integral del daño conforme a un estándar interamericano, el más alto que hay, y a nadie vamos a solapar nosotros en el procedimiento penal”.
La audiencia inicial
El pasado lunes 25 de octubre se desarrolló la audiencia inicial ante un juez de control para comenzar el juicio por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos dolosos, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pretende imputar a 10 exfuncionarios capitalinos.
La autoridad citó a la representación legal de 66 víctimas: 26 fallecidas, 39 que tuvieron lesiones punibles, es decir, que tardan más de 15 días en sanar, más el gobierno de la Ciudad de México como “ofendido del delito”.
De esos 66, casi el 80% está representado por la CEAVI, afirma Ocampo y subraya: “Eso es reflejo de la confianza, el seguimiento y la atención en el marco absoluto de nuestras facultades legales como Comisión Ejecutiva”.
En la sala de oralidad se presentó una discusión sobre la decisión de dos víctimas para continuar con la representación legal del abogado privado Cristopher Estupiñán o acogerse a la de la Comisión Ejecutiva.
El primero, integrante del despacho Carbino Legal, aseguró que el comisionado “ha estado presionando a las familias afectadas para que renuncien a sus asesorías privadas, y de esa forma poder controlar los resultados del fondo de apoyo a víctimas de forma traicionera y a espaldas de los asesores jurídicos privados”, de acuerdo con una nota publicada en Proceso.
A solicitud de su derecho de réplica, el comisionado Ocampo afirma: “es claramente falso que exista hostigamiento, que exista algún condicionamiento respecto a las medidas de apoyo, asistencia y reparación general del daño por parte de algún servidor de la Comisión de Víctimas o en general del gobierno de la ciudad respecto a las medidas que ya hemos otorgado por lo ocurrido en la Línea 12 del Metro”.
Estupiñán aseguró que personal de la CEAVI ha ido hasta las casas de las víctimas para advertirles que si no se quedaban con la defensa pública, perderían los apoyos sociales que ésta les ha dado. Cuestionado al respecto, el comisionado Ocampo responde:
“Total y absolutamente falso. Desconozco por qué afirma esa situación. Por lo que a mí me toca, decir que es total y absolutamente falso. Jamás hemos condicionado, mucho menos restringido. Inclusive, que sirva este medio para aclarar que el hecho de optar por una asesoría jurídica privada o pública es total y absolutamente independiente y está garantizado el ejercicio de sus derechos, es decir, nosotros no vamos a rescindir nunca un derecho”.
Y subraya que las víctimas pueden revocar “en cualquier momento” a su abogado particular o privado y optar por algún otro.
La mencionada audiencia fue diferida para el próximo 3 de diciembre, debido a que los abogados de las 10 personas imputadas, así como los de las víctimas dijeron que no estaban en condiciones de presentar sus argumentos de defensa, porque la FGJ local no les había entregado el expediente en copias físicas, solo de manera digital.
“Desconocen la Ley de Víctimas”
En entrevista, Armando Ocampo considera que la aseveración del abogado Estupiñán “es producto de la falta de conocimiento de la Ley de Víctimas” Y detalló que el litigante “fue omiso en revisar la carpeta judicial, que estaba disponible para todas las partes… Si el abogado hubiese revisado la carpeta, previo a una audiencia judicial, se hubiera percatado que dos víctimas habían designado a la asesoría jurídica pública y no a él, ante el juez de control”.
Ante la aclaración, explica que la CEAVI es un ente coordinador de los “distintos servicios, mecanismos, derechos y acciones que establece la Ley de Víctimas”, por ejemplo, las brigadas de asistencia médica, psicológica, trabajo social, el otorgamiento de becas, vivienda, empleos y un seguimiento personalizado para cada familia afectada.
La dependencia también brinda asesoría jurídica pública, que implica la representación penal ante un juez de control. Dicha asesoría, agrega, “es técnica científica y adecuada. La asesoría privada también lo puede ser, no son excluyentes una de la otra, se complementan. Solo que con la pública es gratuita, la privada no necesariamente lo es”.
Pero lo más importante, asegura, es que “la opción y el ejercicio de qué tipo de asesoría jurídica, sea pública o privada, corresponden sola y exclusivamente a las víctimas”.
El comisionado Ocampo subraya que, independientemente de que las víctimas tengan representación jurídica privada o pública, “tienen garantizada” la continuidad de los apoyos sociales que reciben. “Tan lo tienen garantizado, que, por ejemplo, hemos reportado un avance de 99% en materia de la reparación integral del daño por parte de la CEAVI, es decir, lo que a las facultades a mí, como comisionado me corresponde, he reportado 99% de avance”, dice.
Recuerda que “el trabajo de la Comisión es un derecho humano, es una visión social humanista. Nosotros tenemos la mano extendida para todas las víctimas, estamos en el mismo bando, en el bando: de las víctimas. El bando A. El bando B es el de los imputados”.
“No hay olvido, es decisión de las víctimas”
En su edición 2346, Proceso publicó entrevistas con lesionados víctimas de la tragedia del pasado 3 de mayo, representados por el abogado Teófilo Benítez, quienes aseguran que son “los olvidados” del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues a poco más de cinco meses del hecho, no reciben apoyo de su administración “ni para comprar una pastilla” o bien, que las acciones de la CEAVI para ayudarlos han sido deficientes o nulas.
Cuestionado al respecto, el titular de la CEAVI responde: Nosotros nos ajustamos a las peticiones de las víctimas. Y ellos nos solicitaron que cualquier medida, comunicación, atención y acompañamiento forzosa y necesariamente tiene que estar presente su abogado o sus abogados”.
Detalla que la CEAVI ha generado brigadas y que, en dos ocasiones tuvieron que ser diferidas “porque el personal del abogado Teófilo Benítez no llegó y no permitía la atención ni de las brigadas”. Además, dice que ya notificaron con un oficio, vía electrónica, al defensor de que están disponibles las medidas en materia de acceso a la salud y designaron a una persona encargada, pidieron “tres veces” los datos bancarios para depositar los apoyos económicos correspondientes y la comprobación de los gastos derivados de la atención de las víctimas, “pero no nos los dieron”.
Luego, insiste: “A nadie hemos negado ningún servicio, jamás lo haremos. Y en ese caso particular, partimos del mecanismo de coordinación que nos están pidiendo las propias víctimas, de que todo y forzosamente cada acto o paso tiene que ser por conducto de su abogado y nosotros no podemos contravenir la voluntad de las victimas… Tenemos la mano abierta, la mano extendida”.
Entonces, resalta: “Toda medida, todo apoyo, todo recurso, cualquier derecho proveniente de la Ley de Víctimas y por la CEAVI, además de que son gratuitos, no implican la renuncia ni ejecución de acción legal alguna. Ni se puede cobrar ni los abogados tendrían que participar de los derechos de las víctimas tratándose de recursos, ayudas y cualquier recurso que venga de la CEAVI”.
Hasta el pasado 25 de octubre, 24 personas lesionadas por el colapso de la trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 continuaban en tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según el titular de la CEAVI; aunque hay otras que “están en rehabilitación y no necesariamente han dejado de trabajar, es decir, puede existir la rehabilitación y continuar trabajando”.
Y asegura que esa ayuda de la CEAVI deberá seguir “hasta que las víctimas recuperen su autonomía de vida”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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