Tuvieron que pasar siete años desde su primera solicitud a las autoridades mexicanas para que la visita del Comité de expertas y expertos independientes, que le fue negada por la administración de Enrique Peña Nieto, se concretara.
“El Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al recibir al Comité en la Secretaría de Gobernación. La ausencia de mecanismos de búsqueda y coordinación institucional, así como los deficientes registros de personas desaparecidas, agregó, sólo han profundizado la “herida dolorosa” que representan las desapariciones, misma que reconoció como una “crisis humanitaria”.
Del 15 al 26 de noviembre, los miembros de este órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —ratificado por México en 2008—, se reunirán con familiares y colectivos, funcionarios, expertos, representantes de la sociedad civil, periodistas, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales.
Sus integrantes, en su mayoría hispanohablantes, viajarán a 12 estados del país, entre ellos Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas.
Se trata de una visita histórica, considerando que es la primera que realiza el Comité a un Estado parte de la Convención desde que entró en vigor hace poco más de una década.
Hasta el día de ayer la cifra de personas desaparecidas era de 85 mil 56 personas que han sido desaparecidas tanto por agentes del Estado como por particulares, así como 9 mil 457 personas que continúan en calidad de no localizadas. El problema de las desapariciones en México se remonta, sin embargo, al año de 1964, al inicio del periodo de contrainsurgencia o de “Guerra Sucia” que emprendió el Estado en contra de toda disidencia política, pero se convirtió en sistemática y masiva tras el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a partir de 2006. Corresponden al actual sexenio una tercera parte de las desapariciones y casi la mitad de las personas no localizadas.
La impunidad es lo que predomina en este tema, ya que a la fecha, sólo 35 personas han sido sentenciadas por el delito de desaparición. A la par, el país enfrenta una crisis forense que se refleja en los más de 52 mil cuerpos no identificados en los anfiteatros y en el hallazgo de más de 4 mil fosas clandestinas.
Además, México es el segundo país —sólo después de Iraq— con más “acciones urgentes” en el mundo por desaparición de personas, un mecanismo humanitario que se activa cuando ocurre una desaparición y que consiste en pedir información al Estado, de manera inmediata, para conocer qué se ha hecho en la búsqueda de personas desaparecidas. A México corresponden 424 de las mil 13 emitidas por el CED desde 2012.
Ante este panorama, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos —conformado por 70 colectivos de 22 estados y tres países de Centroamérica— hizo un llamado a las autoridades mexicanas para cooperar “sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas” por el Comité.
“Llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos, y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el CED emita”, dijo en un comunicado que vino acompañado de un informe que da cuenta de la situación que prevalece en México respecto de la desaparición de personas, y que pone especial énfasis en temas como la desaparición de migrantes en el territorio mexicano, el desmantelamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o la participación activa de las víctimas en la formulación de la política pública.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: REDACCIÓN/MARCOS NUCAMENDI.
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