Tras su arresto denunciaron haber sido víctimas de tortura y su proceso ha estado marcado por diversas irregularidades, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que los acompaña.
El grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión el pasado 29 de julio en la que considera que su privación de libertad fue irregular y que ambos deberían ser puestos en libertad de forma inmediata. Está previsto que el juez que analiza la causa tome una decisión en los próximos días, aunque los abogados defensores piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que retire los cargos para que puedan recuperar la libertad.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Razo Casales y a la Sra. Razo Casales inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, dice el documento de la ONU.
Además, “insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Razo Casales y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”. A pesar del tiempo transcurrido desde que se emitió esta opinión, ambos hermanos siguen todavía en prisión.
En opinión de Mariana Domínguez, abogada de la CMDPDH, la opinión de la ONU es vinculante ya que México firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene su acusación y el futuro de Érick y Verónica está en manos de un juez. Animal Político quiso conocer la opinión de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la FGR, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“El proceso de los hermanos ha sido pesado. Lamentablemente, además de las violaciones a sus derechos humanos, siguen sufriendo otras de carácter procesal y judicial”, dice Domínguez.
El calvario de Érick y Verónica Razo Casales inicia el 11 de junio de 2011, cuando ambos son detenidos por la Policía Federal. La versión de las autoridades es que recibieron una denuncia anónima que advertía de que un grupo de delincuentes iba a reunirse para preparar un secuestro. Sin embargo, ambos fueron arrestados 24 horas antes de que ese supuesto encuentro tuviese lugar. Durante la detención ambos denunciaron haber sufrido torturas y la mujer aseguró que los agentes la agredieron sexualmente. De hecho, actualmente hay un policía vinculado a proceso por el delito de malos tratos contra Verónica. A pesar de ello, los dos fueron encarcelados y su proceso se ha alargado durante 10 años, en los que ambos han permanecido en prisión preventiva.
La instrucción del caso terminó en junio, cuando la FGR emitió su acusación: 300 páginas en las que defiende que los hermanos eran parte de un grupo delictivo y que deben ser condenados por intento de secuestro y por crimen organizado.
En opinión de Domínguez, existen muchas irregularidades en el proceso. Por un lado, porque la acusación se basa en las declaraciones autoinculpatorias que ambos realizaron bajo torturas. Por otro, porque a su juicio el parte informativo de la Policía Federal incurre en falsedades como decir que fueron arrestados el 9 de junio, cuando habían sido detenidos un día antes. Además, la letrada asegura que las declaraciones de las víctimas tampoco cuentan con las garantías necesarias para ser tomadas en consideración.
Todo esto fue explicado por la defensa de los hermanos en las alegaciones presentadas ante el Grupo de Trabajo de la ONU. En su respuesta, el gobierno mexicano, que ya estaba en manos de Andrés Manuel López Obrador, validó la actuación de los policías y aseguró que el proceso se había ajustado a derecho, restando importancia a las denuncias de tortura. Los malos tratos fueron acreditados incluso por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), que en 2017 emitió una recomendación en la que reconocía a los hermanos como víctimas de tortura. Tampoco entonces cambió su situación jurídica y tuvieron que seguir encerrados.
Tras el cierre de la instrucción de la causa penal 57/2011 que se lleva en el juzgado octavo de distrito en el Estado de México, ahora es un juez el que tiene que decidir qué ocurrirá con Érick y Verónica. Para la CMDPDH existe una posibilidad de actuar antes de que haya sentencia: que la FGR retire la acusación y permita que los hermanos recuperen la libertad. En seis meses el gobierno de México deberá informar al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de los avances del caso. Para entonces, es posible que la suerte de ambos hermanos ya esté echada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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