Tomaron una combi y llegaron a Tapachula, situada a 42 kilómetros de la frontera. Ahí, tras pasar el día en un mercado, se las arreglaron para que un tipo les diese raite para abandonar el municipio. Nunca le pagaron, según el testimonio de uno de los sobrevivientes. En total eran 14 migrantes, la mayoría de ellos cubanos.
Horas después de poner un pie en México el grupo ya estaba en ruta hacia Estados Unidos. El acuerdo era que la camioneta les dejase en la terminal de autobuses de un municipio alejado de Tapachula. Nunca llegó a su destino. Cuando estaba a la altura del ejido Echegaray, en el término municipal de Pijijiapan, la pick-up fue tiroteada por elementos de la Guardia Nacional.
Cabrerio Ramírez murió ahí mismo. Otros cuatro migrantes resultaron heridos de distinta consideración y fueron trasladados a hospitales en Pijijiapan y Tapachula. Los otros nueve fueron capturados. En un primer momento hubo dudas sobre una posible segunda víctima, pero esta posibilidad fue descartada posteriormente.
La versión oficial difundida por la Guardia Nacional dice que la camioneta trató de embestir a los agentes y que estos se vieron obligados a disparar. El comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas afirmó que en el vehículo se encontró un arma larga y un cargador.
La versión de las víctimas es completamente diferente.
“No hubo ningún alto, el vehículo paró inmediatamente cuando comenzó el fuego. En la acción hubo un fallecido. Tuvo nueve impactos de bala. Le colocaron un arma larga, porque nosotros íbamos totalmente desarmados. Ningún migrante viaja con armamento, nos revisan en cada frontera”. Esta es la explicación de una de las personas que viajaba en la camioneta. Se trata de un migrante cubano de 49 años que pidió que su nombre no fuese publicado, ya que sus familiares en la isla desconocen que se encuentran en México. Viaja con su esposa, dos hijos, de 24 y 11 años (el primero resultó herido en el ataque), su nuera y su nieta, de un año.
Un guía turístico de La Habana
“La policía, los matones, los terroristas, fueron los que colocaron esa arma”, se queja. “Todo fue un raite. Yo venía atrás tapado con una lona, pero las personas que iban delante relatan que en la carretera había una patrulla con las luces encendidas. Cuando iba en paralelo, la patrulla arremete a fuego, a ráfagas. Eso fue lo que ocurrió”, asegura.
Relata que, tras el ataque, ellos no intentaron huir, como publicaron las autoridades, sino que se encararon con los uniformados. “Nos bajamos, les pedimos cuentas de por qué nos habían disparado, les dijimos que somos inmigrantes cubanos que salimos para llegar a la frontera de EU y les pedimos que nos llevaran a un puesto de salud para atender a los heridos”, explica.
Cuenta que trabajaba como ingeniero industrial pero que abandonó Cuba en 2019, harto de la escasez económica y de la “falta de libertad de expresión”. Junto a su familia viajó a Sao Paulo, Brasil, donde trabajó durante dos años para reunir el dinero suficiente para ponerse en ruta. Tiene familia en Houston, Texas, y Florida, pero todavía debe atravesar México y cruzar la frontera para entregarse a la Border Patrol.
A Cristóbal, la víctima mortal del ataque, dice que lo conoció en el trayecto y que viajaba solo. El hombre, de 35 años, fue guía turístico en La Habana, según su perfil de LinkedIn, su único rastro en Internet. A día de hoy no hay constancia de que sus familiares hayan sido comunicados del asesinato. Si no llegase nadie a reclamarlo, su futuro será ser enterrado en la fosa común de Tonalá, el municipio donde fue trasladado el cuerpo.
“No le conocía, no sé quién es su familia”, dice su compañero de ruta. La conversación se desarrolla por teléfono desde las instalaciones del DIF de Pijijiapan, donde la familia está encerrada.
“Nos tienen retenidos y no sé por qué”, denuncia el cubano. El primer día lo pasaron en el hospital, acompañando a su hijo, pero luego fueron trasladados a un recinto que no cumple con las medidas básicas para alojar familias. Como ejemplo, muestra varias imágenes del lugar en el que duermen: se trata de una habitación cerrada con tres colchones en el suelo. Ahí pasan la noche nueve personas.
Animal Político consultó con el Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la situación legal de estas personas. Al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Que estén alojados en el DIF se explica por la modificación de la Ley del Migrante que entró en vigor en enero de 2021, que impide que menores de edad y sus acompañantes sean encerrados en instalaciones migratorias. En este caso, si finalmente son considerados como víctimas de delito, el INM debería proceder a regularizar su estancia en México con una tarjeta de residente por motivos humanitarios. Hasta el momento, sin embargo, están encerrados como si ellos hubiesen cometido algún delito.
“Nosotros somos víctimas en este proceso. Nos tienen como presos, en esta porquería somos víctimas. Estamos cansados de estar en un lugar”, se queja el hombre.
Sin guardias detenidos
En un primer momento la FGE se hizo cargo de la investigación, pero se inhibió en favor de la FGR por haber funcionarios federales involucrados. Las autoridades aseguran que el conductor del vehículo fue detenido por un posible delito de tráfico de personas. Quienes todavía no han sido puestos a disposición judicial son los agentes de la Guardia Nacional que apretaron el gatillo.
“Se están juntando las pruebas y se va a investigar a fondo”, dice Jorge Sánchez, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de México, una ONG que trabaja en Chiapas y en otros puntos del país y que está acompañando a las víctimas. Para Sánchez, la prioridad ahora es lograr que los migrantes dejen de estar encerrados.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que había dado orden de que los guardias fueran puestos a disposición. Hasta el momento, sin embargo, no se ha hecho público que ninguno haya sido detenido ni vinculado a proceso.
Sobre los elementos de la @GN_MEXICO_ que dispararon contra un vehículo que transportaba migrantes en Pijijiapan, Chiapas, @lopezobrador_ señaló que ya dio instrucciones para que sean puestos a disposición del ministerio público. pic.twitter.com/f8S0AYei0k
— Animal Político (@Pajaropolitico) November 3, 2021
López Obrador censuró la actuación de los agentes, reconociendo que existen otras maneras de frenar a un vehículo que no respeta la orden de alto. El canciller, Marcelo Ebrard, arquitecto de las políticas de control migratorio que incluyen la militarización de la frontera sur y el despliegue de la Guardia Nacional, quiso eludir responsabilidades y respondió “yo no manejo eso”, cuando le interrogaron sobre el tiroteo.
Esta es la primera ocasión en la que un migrante es asesinado a balazos por un agente de la Guardia Nacional que trata de impedir el flujo hacia el norte. Los retenes militares desplegados en el sur se han cobrado más víctimas. En marzo, por ejemplo, el guatemalteco Elvin Mazariegos fue tiroteado por soldados cuando regresaba a su país.
En un primer momento el Ejército también trató de criminalizar al joven pero ante la reacción airada de las comunidades, que tomaron como rehenes a varios soldados, tuvieron que negociar una compensación económica.
Mientras la investigación avanza, las víctimas del tiroteo permanecen encerradas en un DIF que consideran como una cárcel. Su objetivo: regularizar su situación para poder seguir su camino. “Lo hecho, hecho está”, y México no es opción para rehacer su vida.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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