Todos ellos son refugiados reconocidos por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) pero llevan dos semanas durmiendo en la calle frente a la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Tuxtla-Gutiérrez.
Cada noche, más de medio centenar de refugiados pernoctan allí, a la intemperie, a la espera de que se tramiten las tarjetas de residente permanente a las que tienen derecho por ley y que les permitiría abandonar Chiapas.
“Nos están discriminando. Venimos a que nos entreguen nuestras tarjetas. Hace como un mes venías y en tres días te la daban, pero ahora no”, se queja Salas, en conversación telefónica. Tiene a su espalda un calvario para llegar hasta aquí.
Su objetivo era llegar a Estados Unidos, pero México los mantuvo encerrados en Tapachula, Chiapas. Harto de no tener trabajo ni oportunidades, trató de avanzar en caravana a finales de agosto, pero ante la represión de la Guardia Nacional decidió darse la vuelta y aguardar en Tapachula.
El pasado 28 de septiembre, la Comar les entregó su constancia como refugiados. Cuando ya veían una luz en el camino se dieron cuenta de que para avanzar no bastaba con la constancia: necesitaban documentación expedida por el INM. Sin embargo, Tapachula está colapsada, con más de 70 mil solicitudes de refugio este año, así que el trámite es muy lento. Por eso, la familia Salas trató de alcanzar Tuxtla-Gutiérrez.
El 20 de octubre, cuando había transcurrido casi un mes desde que fueron reconocidos como refugiados, Salas, su esposa e hijos fueron detenidos por el INM en Huixtla. Pasaron una noche encerrados y después les pusieron nuevamente en libertad.
La política de la dependencia de migración es impedir que migrantes y solicitantes de asilo salgan de Tapachula. No obstante, la ley dice que quien pide protección tiene derecho a moverse dentro del estado en el que inició su trámite. Migración, por el contrario, tiene la orden de impedir toda circulación, incluso dentro de las fronteras de Chiapas.
Animal Político quiso conocer la versión del INM pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Tengo fiebre y dolor de huesos. Fui al medico, me salió negativo de COVID-19 y me mandaron paracetamol”, explica Salas. Cada noche se cubre con varias cobijas y pasa la noche a la intemperie, expuesto a la lluvia y el frío.
Con ellos, unas 30 personas procedentes, en su mayoría, de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todos ellos son refugiados, es decir, personas que el estado mexicano se comprometió a proteger, pero que se ven obligados a pernoctar al raso para lograr el documento que les permita viajar por el país y lograr conseguir un trabajo.
México superó el pasado mes de octubre las 100 mil solicitudes de asilo, lo que supone todo un récord. En 2019 se registraron 70 mil 400 peticiones, y fue el año en el que más se contabilizaron. Ahora, a falta de 2 meses para cerrar 2021, la Comar tiene registradas 108 mil 195 peticiones de asilo.
De las personas que solicitaron asilo, 37 mil 591 son haitianos, que por primera vez superan a los hondureños en número; 33 mil 578 son hondureños; 7 mil 915 son cubanos; 5 mil 433, salvadoreños y 5 mil 294 son chilenos, aunque en realidad se trata de hijos de haitianos que nacieron en el país sudamericano.
“Tenemos unas cifras que no se habían visto hasta el momento”, explica Andrés Ramírez, coordinador de la Comar, que explica que el fenómeno de los haitianos ha desbordado las expectativas. Por eso, la institución que coordina, junto con agencias internacionales como Acnur, buscan alternativas para que el INM se haga cargo de esta comunidad.
Este año la Comar lleva resueltas 31 mil 787 solicitudes, en su mayoría de forma positiva. A pesar de que en 2021 se han duplicado el número de trámites respecto al año anterior, la institución apenas logró resolver el 28% de las peticiones tramitadas este año, lo que da muestra del colapso que sufren sus oficinas.
De los más de 108 mil solicitantes, casi 75 mil pidieron refugio en Tapachula y otros 5 mil en Palenque, por lo que Chiapas concentra la gran mayoría de trámites.
El colapso no afecta solo a la Comar. También al INM, cuyas oficinas en Tapachula, por ejemplo, no dan cita hasta enero. O hasta marzo si uno acude a la sede de Ciudad Hidalgo, justo en la frontera con Guatemala.
Hartos de estar encerrados en Tapachula sin posibilidad de regularización, cientos de migrantes salieron en caravana el pasado 23 de septiembre. Actualmente se encuentran en Pijijiapan, a poco más de 150 kilómetros de su lugar de partida.
Juan Salas y su familia decidieron que la caravana no era para ellos. Siguieron paso a paso el reglamento mexicano, cumplieron a rajatabla las exigencias de las autoridades, fueron reconocidos como refugiados y, a pesar de todo, siguen durmiendo en la calle y bañándose en un cuarto que unos compañeros nicaragüenses han logrado rentar.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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