En su cuenta de Twitter la ONU-DH indicó que entre los aspectos a revisar del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 22 de noviembre, están los relacionados con los instrumentos internacionales de carácter ambiental, de derecho a la información, sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y de debida diligencia, entre otros.
El organismo internacional recordó que el gobierno tiene “el deber estatal de estimar previamente los impactos y riesgos de sus proyectos y obras mediante evaluaciones de impacto ambiental, con la participación de las personas interesadas y, en el caso de pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos”.
Agregó que, conforme al Acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno de México, persiste la obligación del Estado “de proporcionar información y asegurar la participación directa en asuntos ambientales”.
Tras destacar que México también es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abundó en que ante la construcción de obras en áreas habitadas por pueblos originarios, es necesario “realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Resaltó que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, México está comprometido a que “las limitaciones de acceso a la información, incluyendo por motivos de seguridad nacional, salvaguarden un interés legítimo y sean necesarias”, en apego a la “rendición de cuentas y respeto del derecho a un recurso efectivo en estos casos”.
En ese sentido, la revisión de la ONU-DH constatará que se cumpla “el deber de abstenerse de restricciones generalizadas de acceso a la información por ser incompatibles con estándares internacionales”, en apego al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, la ONU-DH recordó la obligación del Estado mexicano de garantizar la “debida diligencia en materia de derechos humanos como actor económico en sus proyectos”.
El “Acuerdo sobre los proyectos y obras considerados de interés público, seguridad nacional, prioritarios y estratégicos”, ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil, por considerarlo anticonstitucional y violatorio de derechos humanos, en tanto que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha alertado de que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentará una controversia constitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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