En un comunicado, la Relatoría pidió a México avanzar “en el pleno esclarecimiento de los hechos y en la sanción efectiva de los responsables”, además de “adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas y sus representantes, así como a operadores judiciales y personas vinculadas al proceso judicial”.
El organismo reconoció los avances en la investigación del uso del software Pegasus en México, como la detención -el pasado 1 de noviembre- de Juan Carlos “G”, quien trabajaba en el área de soporte técnico en las empresas Proyectos y Diseños VME y KBH Track, fundadas por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama.
El sujeto fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui, mediante el uso del ‘malware’ Pegasus.
La Relatoría saludó la imposición de la prisión preventiva al detenido, como medida cautelar, y señaló que “constituye un paso trascendental en la investigación de los hechos denunciados el pasado mes de agosto por la CIDH, la RELE y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la utilización del software Pegasus para espiar a distintas personalidades públicas que participan activamente del debate público y político”.
No obstante, consideró que si bien es ” relevante y trascendente” la prisión provisional, resulta por sí sola “insuficiente ante la complejidad y dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos meses”.
Señaló que desde 2017 las investigaciones periodísticas han permitido conocer múltiples víctimas de intentos de espionaje a través del software Pegasus, “incluyendo a los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Azam Amhed, además de Cecilio Pineda, reportero asesinado en el estado de Guerrero en 2017″.
“También habrían sido blanco de vigilancia ilegal los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); el juez de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer Mac-Gregor; y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, establecido para investigar la desaparición masiva de estudiantes en Iguala en 2014″, mencionó.
El organismo enfatiza que al momento en que sucedieron los ataques con Pegasus, los periodistas “investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o trabajaban en la defensa de graves violaciones a los derechos humanos”.
Hace hincapié en que casi un tercio de los más de 50 mil números filtrados a Pegasus Project, investigación comandada por Forbidden Stories con la colaboración del Security Lab de Amnistía Internacional (AI), son teléfonos mexicanos, por lo que es “uno de los Estados con mayor interés en la adquisición del software malicioso”.
En ese contexto, para la Relatoría Especial, éste avance acentúa las obligaciones de debida diligencia, exhaustividad y celeridad de la investigación en curso.
“En consecuencia, esta oficina exhorta y anima al Estado de México a continuar sus esfuerzos en la investigación de los hechos de forma completa, efectiva e imparcial. Asimismo, insta a las autoridades a velar por la protección de la integridad de las víctimas y sus representantes, a las personas imputadas, y de todas aquellas personas vinculadas al proceso judicial, incluyendo a los operadores judiciales, de modo de evitar posibles presiones indebidas que busquen alterar la investigación o la expectativa de justicia ejemplarizante que garantice la no repetición de los hechos”, menciona.
“Tratándose de una instancia particularmente trascendente, esta Oficina considera de suma relevancia que el Estado active todos los mecanismos a su disposición con el fin de asegurar la cooperación de todas las agencias del Estado y entidades privadas que cuenten con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, enfatiza la comunicación de la Relatoría de la CIDH.
Además, el organismo reitera su llamado a una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en sintonía con las obligaciones internacionales de derechos humanos”.
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— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) November 16, 2021
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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