En junio pasado, y luego de distintas movilizaciones y tras enviarle distintas cartas en las que le exponía su caso, Elisa sostuvo una reunión con la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Durante el encuentro, comparte la mujer, pudo explicarle su situación y solicitarle directamente apoyo para que su agresor pague por lo que le hizo hace 20 años.
“En esa reunión yo le pedí a la fiscal (Ernestina Godoy) que se repusiera el proceso de 2001, que no podía quedar en la impunidad porque en ese tiempo yo no tenía las bases que tengo en este momento para enfrentar lo que estoy pasando”.
“La intención de este sujeto no fue lesionarme o causar miedo, la intención en 2001 era asesinarme”, recalca Elisa.
Después del ataque, mientras Elisa recibía atención médica, un MP se apersonó en el hospital para levantar la denuncia por los hechos. Ni ella ni su familia le dieron seguimiento pues la prioridad fue su recuperación.
Un par de años después, cuando Elisa mejoró y recobró fuerzas para continuar con su vida, se dio a la tarea de dar seguimiento a aquella denuncia. Si bien es cierto que su agresor había huido de la comunidad en Xochimilco donde vivían, la mujer no quiso dar por cerrado el caso hasta que se castigaran los hechos; sin embargo, aquella carpeta de investigación se extravió.
A lo largo de los años, lo poco que ha podido recuperar del expediente extraviado, explica, es que el Ministerio Público que levantó la denuncia tipificó la agresión como lesiones y no como tentativa de homicidio, pues en 2001 el feminicidio aún no estaba tipificado.
“Yo le decía: ‘señora fiscal, míreme, estas no son lesiones, tengo 20 años con estas cicatrices y me voy a morir con ellas… la finalidad de él nunca fue lesionarme’”, cuenta Elisa sobre la reunión que sostuvo con la fiscal Ernestina Godoy.
“Le pedí recuperar el procedimiento de 2001 para dejar un precedente en mi comunidad, yo soy de un pueblo originario (San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco) en donde el machismo sigue predominando y en donde dejar un precedente es muy importante no solo para mí, sino para las mujeres que vivimos aquí”.
Según compartió Elisa, la fiscal Ernestina Godoy le dijo que conocía su caso, pero no estaba enterada de que la carpeta de investigación de 2001 se había perdido.
Elisa, hoy de 38 años, se dedica al cultivo de plantas ornamentales. Dice que este trabajo lo trae arraigado porque sus padres y abuelos también fueron campesinos. Ahora se alista para comenzar con la venta de nochebuenas.
“En el campo he encontrado mucha paz y es la forma de sacar el enojo. El coraje que tengo lo he transformado produciendo plantas”.
“No me van a callar”
Después de agredir a Elisa, su expareja huyó y no se supo más de él. Paso a paso, la mujer se recuperó y salió adelante, sin embargo, 18 años después el agresor volvió a la comunidad.
Actualmente el hombre está en prisión, pero no por lo que le hizo a Elisa, sino por violencia familiar.
“El hecho de que tu agresor pueda regresar después de 18 años y quiera hacer su vida como si nada hubiera pasado es inadmitible (sic) porque truncó muchos proyectos, cambió todo mi entorno”, dice la mujer.
Elisa cuenta con medidas de seguridad porque a lo largo de estas dos décadas la familia de su agresor la ha amenazado -a ella y a su familia-. Vive con miedo, sentimiento que no cambiará hasta que su agresor reciba el castigo que merece después de intentar matarla.
“Ha sido muy complicado, creo que después de un ataque así no se puede volver a vivir en paz, siempre va a estar el miedo. Siempre estoy a la expectativa de que pueda desarrollarse otro acto de violencia”, expone.
“Sin embargo, esta vez que ya alcé la voz y estoy siendo escuchada por las autoridades y las colectivas y eso es lo que me impulsa a seguir, a salir adelante, a no desistir, a que haya la justicia que en estos 20 años no he podido obtener. Ya nada me va a callar porque seguiré alzando la voz”.
Elisa dice reconocer el trabajo que las autoridades han hecho en los últimos meses, pues también ha recibido acompañamiento. Confía que esto continúe y se logre recuperar el proceso de 2001 para que su agresor sea castigado.
“Busco la verdad y la justicia. En estos 20 años el estado tiene una deuda conmigo y está en sus manos romper ese pacto de impunidad”, concluyó.
Impunidad
En México no existen cifras oficiales del número de ataques con ácido hacia mujeres, sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez -que se dedica a dar acompañamiento y asesoría a víctimas de estos ataques- tienen un registro de 28 víctimas en las últimas dos décadas. Seis de ellas solo en lo que va del 2021.
De las 28 víctimas, 22 han logrado sobrevivir y en su mayoría, las mujeres tenían entre 20 y 30 años de edad.
De acuerdo con información proporcionada por la fundación, las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la CDMX, Puebla y el Estado de México.
En el 96% de los casos no ha habido sentencia, pero 4 agresores ya fueron vinculados a proceso: 3 por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.
¿Por qué no se castigan estas agresiones?, acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez porque no hay voluntad política para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de crímenes.
“El hecho mismo de que hasta 2019 no existiera, en ningún código penal, la tipificación del ataque con ácido y que solo se dejara a consideración del MP, nos habla mucho de las prioridades que tienen las autoridades en este país.
“Además, en prácticamente todos los casos, las víctimas se han tenido que enfrentar a un servicio médico que minimiza sus lesiones y las discrimina, a un sistema de justicia que no les informa de sus derechos ni lleva a sus agresores a la cárcel, a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida y a un Estado que es indiferente y omiso ante una de las formas de violencia más extremas que existen en este país”, expuso la fundación al consultarle sobre el tema.
Agregaron que los ataques con ácido o con cualquier otra sustancia corrosiva deben entenderse como el desenlace de un cúmulo de violencias que las mujeres experimentaron a lo largo de su vida y en todos los contextos de interacción social.
“Para nosotras, no basta con que la prevención de la violencia se reduzca a un ‘sal de ahí’ o ‘denuncia’, porque en el 40% de los casos las mujeres ya habían terminado la relación en el momento del ataque y algunas de ellas, incluso, habían denunciado penalmente a sus agresores. Más bien, se necesitan redes de apoyo y solidaridad amplias que permitan a las mujeres salir de ahí y que los hombres violentos reciban sanciones ejemplares”.
Otros de los datos que compartió la fundación apuntan a que la mayoría de los ataques se han dado en la calle y en el 90% de los casos la agresión ha sido directamente dirigida al rostro.
“(Es) una muestra de lo que pueden llegar a hacer los hombres violentos que se sienten dueños del cuerpo y de las decisiones de las mujeres”, subrayó la Fundación Carmen Sánchez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILIA SARABIA.
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