“Mientras el gobierno declare territorios ‘estratégicos’ seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de la Guardia Nacional o el Ejército. Vemos que el despojo se hace más evidente a través del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el despojo podría agudizarse mediante la nueva Reforma Eléctrica”, advierten las organizaciones de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Baja California, Veracruz, Michoacán y Estado de México.
Rodrigo Patiño, integrante de la organización Articulación Yucatán, explica que en Bacalar, por ejemplo, los pobladores han comenzado la organización para denunciar que el poblado está rodeado de reservas naturales y mantos freáticos que podrían ser severamente afectados con la infraestructura y tránsito de personas que traería el Tren Maya, pero el ‘acuerdo’ presidencial, los deja en indefensión porque no podrían ni interponer amparos y todos los permisos deberán ser concedidos en cinco días.
Además, dice, en realidad el proyecto ha avanzado sin tener primero los permisos ambientales. “Ya empezaron las obras del tramo 4 del Tren Maya, pero apenas en noviembre metieron el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental en la Semarnat. Se han saltado la ley todo el tiempo y el acuerdo solo viene a justificar eso”, afirma en entrevista con Animal Político.
En Morelos, 11 amparos han impedido la operación de la Termoeléctrica Huexca, -un proyecto creado desde el gobierno de Felipe Calderón, que continuó con Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador-, y han significado la posibilidad de las comunidades de defenderse ante los impactos que una obra como esta traería a su salud y al medio ambiente, dice Miryam Vargas, del Frente de pueblos en defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
“El impacto de una planta termoeléctrica no solo por contaminación auditiva, que es parecido a las turbinas de avión que harían eco en toda la comunidad todo el tiempo, sino que el agua del acueducto que se usa para cultivos sería redireccionada a la termoeléctrica, además de la contaminación a todo el entorno por los desechos del agua hirviendo”, son las razones por las que la comunidad ha estado en contra de la obra y se ha inconformado jurídicamente, explica Vargas.
Aunque el presidente López Obrador ha insistido que el acuerdo publicado la semana pasada pretende frenar los amparos promovidos por la derecha y sus adversarios que han retrasado las obras, las comunidades y pueblos originarios han hecho uso de ese derecho que permite la ley.
En Morelos, los pobladores comenzaron la promoción de amparos entre 2014 y 2015, sumó otros más en 2019 que han frenado el arranque de la termoeléctrica que prácticamente ya se acabó de construir, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exsecretaria de Gobernación, aseguraron en junio de 2020 que ya se habían resuelto los amparos y la obra comenzaría operaciones.
Con un acuerdo presidencial que mandata la tramitación de permisos en cinco días, explica Vargas, sería prácticamente imposible que las comunidades lograran ampararse ante una obra en la que no estén de acuerdo, como ha sucedido con la termoeléctrica de Huexca. “Es quitarnos esa capacidad y esa herramienta que está en la Constitución”, advierte.
De hecho, el acuerdo podría tener un impacto directo en la construcción de los ramales del gasoducto Morelos que atravesaría comunidades de Puebla en los próximos meses, pero que los pobladores rechazan al considerar que estarían en riesgo ante el trasiego de gas en zonas volcánicas. Sin embargo, el acuerdo presidencial los deja en completa indefensión.
Se trata, dicen, de una decisión “desde arriba” que nuevamente ignora su voz, por lo que llamaron a abrir el debate para “encontrar soluciones” en las iniciativas gubernamentales que les impactan directamente a través de la campaña que llamaron “Luces de las Resistencias”, presentada en conferencia de prensa este miércoles.
“Queremos que se genere diálogo, no descalificación ante cualquier crítica que genera un discurso de odio hacia quienes defendemos medio ambiente y derechos humanos. Nos tildan de derecha o como el ‘cártel de onegeneros’. Este tipo de discursos no abonan en nada y van en contra de un ejercicio democrático y participación de la ciudadanía en toma de decisiones”, afirmó Rodrigo Patiño.
Entre los temas que les preocupa está también “la incertidumbre jurídica” ante la Comisión Federal de Electricidad y los megaproyectos energéticos, sobre todo en el contexto de la reforma energética de este gobierno. “No podemos dar por sentado que una empresa del Estado va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos”, advierte Mario Castillo, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
También sobre la extracción de litio, la persistencia del fracking, el derecho a la energía eléctrica y la tarifa social justa, la soberanía tecnológica, y otras formas sociales, comunitarias y populares de generación y gestión de la energía.
Las organizaciones que llaman a esta campaña por el diálogo son: Alianza Mexicana contra el Fracking; Articulación Yucatán (Yucatán); Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal (Yucatán, Quintana Roo); Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Oaxaca).
Colectivo Geocomunes; Coordinación de Pueblos Unidos En Defensa de la Energía Eléctrica (Ciudad de México, Estado de México); Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan; Ensenada Resiste (Baja California); Frente de pueblos en defensa de la tierra y del agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Grupo de Estudios Transdisciplinarios sobre Energía y Crisis Civilizatoria; La Sandía Digital; Masehual Siuamej Mosenyolchicauani (Puebla); Ostula en defensa del territorio (Michoacán); Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente; Otros Mundos A.C. (Chiapas).
Proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta (Veracruz); Red Nacional de Resistencia Civil; Servicios para una Educación Alternativa (Oaxaca) y Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales Onergia (Puebla).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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