El punto cuarto del documento dice que “se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en al albergue, dando prioridad a las niñas y niños. El listado contendrá nombre completo, país de origen y solicitud expresa de cada uno de los miembros donde manifiesten si su solicitud es permanecer o transitar por nuestro país, cabe mencionar que en caso de tratarse de visas humanitarias, se expedirán de inmediato. Se dará especial atención a los casos en los cuales se presuma sean víctimas de delito”.
La reunión, celebrada en las oficinas de Segob en la Ciudad de México, se alargó por espacio de cinco horas hasta que se alcanzó el acuerdo. En ella, tanto migrantes como representantes de la sociedad civil pudieron plantear sus reivindicaciones. Luis Villagrán, uno de los organizadores de la marcha, denunció que instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) están rebasadas y aseguró que funcionarios del INM están pidiendo dinero a los migrantes para poder regularizar su situación. La hermana Magda, religiosa que dirige el albergue de Cafemin, instó a las autoridades a poner fin a las políticas de contención. Además, varios migrantes de Honduras, Cuba, Guatemala y Haití explicaron las razones que les habían obligado a ponerse en marcha.
Finalmente, las autoridades firmaron el documento en el que se compromenten a cumplir la ley en materia de migración. A su vez, el INM asegura que respetará la documentación que se entregue a los migrantes, ya que en ocasiones anteriores hubo denuncias de que las tarjetas eran destruidas por agentes migratorios. Los integrantes de la caravana podrán decidir si quedarse en México o seguir su tránsito hacia Estados Unidos. Ahí en la frontera se encontrarán con las medidas de excepción implementadas por acuerdos entre ambos gobiernos: el programa “Quédate en México” que devuelve a los solicitantes de asilo y el Título 42, que legaliza la expulsión exprés con la excusa de la COVID-19.
La caravana partió el pasado 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, y ha recorrido los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla hasta llegar a la Ciudad de México. La estrategia empleada por el INM y la Guardia Nacional fue impedirles el acceso a medios de transporte y obligarlos a caminar. Cuando los migrantes llegaban agotados a algún municipio, se les ofrecía la regularización. Algunos de los que aceptaron denunciaron luego haber sido abandonados en lugares como Acapulco, Guerrero, o Aguascalientes, con una Tarjeta de Visitante por Motivos Humanitarios que los funcionarios del INM no reconocían como válidas. Cientos de migrantes fueron regularizados durante el trayecto. Además, otros tantos están siendo trasladados desde Tapachula, Chiapas, a otros estados.
Después de que las caravanas de agosto y septiembre fueran abortadas a golpes, estas últimas marchas mostraron un cambio en la estrategia del INM para la contención de migrantes. No obstante, este ha sido el año que más extranjeros fueron detenidos: 228 mil.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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