El argumento de funcionarios, exfuncionarios estatales y federales que conocen la carpeta y argumento jurídico de la acusación de peculado, malversación de fondos y corrupción en contra de Duarte, lo alertan porque la magistrada argumentó en Estados Unidos para que no se diera la extradición del exgobernador, quien coincidentemente la hizo juez.
El 8 de noviembre pasado la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de Duarte; acusado de dispersar unos 6 mil millones de pesos en su estado.
Ante esa misma Corte en donde desde el 8 de julio de 2020 se procesó el caso de extradición de Duarte debido a que fue detenido en Miami por pedido del gobierno de México, los conocedores del caso sostienen que la magistrada Hernández defendió al exmandatario priista.
En diciembre de 2020 el equipo defensor de Duarte, integrado por Henry Bell, Armando Rosquete y Juan Morillo, presentó a la corte los testimonios jurados de cuatro testigos en los que sostenían que la acusación contra el exgobernador y el pedido de extradición no tenían fundamento.
Los tres abogados pidieron a la juez que se sellaran y no se dieran a conocer los testimonios ni nombres de tres de los cuatros testigos, debido que “eran bien sabido que el gobierno de (el entonces gobernador panista) Javier Corral, perseguiría a quienes defendieran a Duarte”.
Expuesto por los expedientes que son públicos del caso Duarte, al que se le asignó el número 20-2289-CR-LFL, el argumento de los abogados para resguardar por seguridad lo declarado y la identidad de los tres testigos es innegablemente un caso precautorio.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardará “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua.
“Tenemos conocimiento –comienza exponiendo a Proceso un alto funcionario de la FGR que, por tratarse de un caso abierto, pide el anonimato– que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano”.
El funcionario de la FGR no abunda, pero indica que, de ser el caso y comprobarse este próximo 30 de diciembre, el asunto en Chihuahua se complicaría si, al ser extraditado, Duarte es procesado en el sistema judicial de la entidad que gobernó.
Un exfuncionario de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que conoce al dedillo los expedientes contra Duarte y que pide el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de la actual gobernadora, la panista Maru Campos, expone a este semanario el siguiente argumento judicial: “Cualquier magistrada o magistrado que fungiera como testigo a favor de la defensa de Duarte queda automáticamente impedida o impedido para intervenir en el caso a nivel estatal y federal, porque que implica ante la ley un conflicto de interés en favor del acusado”.
Medios de Chihuahua han manejado el argumento de que la magistrada Hernández, como actual presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado (TSJE) y, por el hecho de que le debe favores a Duarte, quien la hizo juez, pondría en libertad al exgobernador.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2353 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario