La decisión de la CIDH sucede luego de que el pasado 1 de octubre comenzaron los ataques del grupo armado, los cuales se intensificaron los días 21, 22 y 23 de octubre y provocaron el desplazamiento de 300 familias, una centena de casas quemadas, el asesinato de dos personas y la desaparición de cuatro. Además, el 27 de octubre se registró la desaparición de la activista Irma Galindo Barrios, defensora de los bosques de la región.
La CIDH solicitó al Estado mexicano que las medidas cautelares para las familias sean conforme sus usos y costumbres, que actúe para la localización de los desaparecidos y garantice la seguridad de la población.
De acuerdo con el defensor Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, a pesar de que las autoridades supieron de forma inmediata las agresiones contra las comunidades mixtecas, el Estado no ha brindado el apoyo humanitario que está obligado a dar a las víctimas de desplazamiento forzado.
Las comunidades de la Mixteca de Oaxaca se han organizado para defender sus bosques de la tala ilegal de madera, de la que responsabilizan directamente a las autoridades locales y agrarias.
AUTOR: REDACCIÓN.
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