El juez Martín Alvarado Arriaga determinó que la joven de 24 años de edad, Diana Velázquez fue víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y señaló que eran irrefutables las pruebas que apuntan a Jesús Alejandro como perpetrador del crimen.
Alvaro Arriaga ha comparado el contexto de violencia contra las mujeres que se vive en Chimalhuacán con los hechos ocurridos en los años noventa en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando México se dio a conocer de manera internacional por los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en la frontera norte del país.
Como hace más de 20 años, el juez declaró que el feminicidio de Diana muestra cómo el Estado mexicano falla en las investigaciones y la protección de la vida de las mujeres. Con estos argumentos dijo que se acreditaron en el caso dos razones de género contemplados en el tipo penal de feminicidio del Estado de México: el cuerpo fue expuesto en la vía pública y la víctima enfrentó violencia sexual.
La justicia, un trago amargo
El 2 de julio de 2017, Diana salió cerca de las 2 de la madrugada de su domicilio tras una discusión familiar. Por la mala cobertura, solía quedarse a hablar por teléfono afuera de su casa, pero ese día su madre no la vió. Al tratar de contactarla, Diana le envió un mensaje de texto.“Ya voy”, fueron las últimas palabras que recibió su madre Lidia Florencio.
En la mañana de ese día, la Fiscalía de Justicia de Chimalhuacán no aceptó la denuncia por desaparición que intentó interponer la familia de Diana, les dijeron que no habían pasado 72 horas. La familia continuó la búsqueda sin el apoyo de las autoridades, quienes para ese momento ya habían recogido el cuerpo sin vida de Diana, pero los agentes de la policía la identificaron como una persona del sexo masculino.
Diana sería encontrada días después por su hermana, Laura Velázquez Florencio, en los servicios forenses del municipio vecino, en Nezahualcóyotl. Su cuerpo estaba en el suelo, en estado alto de descomposición y sin ningún tipo de cuidado.
Después de cuatro años de estos hechos, la justicia le sabe a Lidia Florencio como un “trago amargo”, describió a este medio. Por la lucha de la familia lograron “arrebatarle un poco de justicia al sistema penal”, dijo, pero no tienen nada que celebrar, Diana no volverá y aún queda pendiente la detención del segundo implicado en el feminicidio.
Las pruebas
El juez Alvarado Arriaga explicó que para emitir su fallo cobró relevancia la declaración que dio en el juzgado de Neza-Bordo la expareja de Jesús Alejandro, Lizet. Según su testimonio, durante una discusión con Jesús Alejandro la amenazó de asesinarla, le dijo que no sería la primera vez que asesina a una mujer, de esa manera le confesó el crimen en contra de Diana.
Jesús Alejandro entonces manejaba un mototaxi y la madrugada del 2 de julio de 2017, junto a un usuario que subió, encontraron a Diana y cometieron el crimen. Jesús Alejandro la asesinó y el otro hombre, aún sin identificar, la agredió sexualmente.
Aquel día, Jesús Alejandro entregó Lizet los dos celulares que robó a Diana, a través de los cuales Lizet llamó a su padre y su tía, quienes acudieron a la audiencia a comprobar el dicho. Asimismo, se presentaron los registros de esas llamadas.
Sobre el otro presunto responsable en el feminicidio de Diana solo se cuenta con su ADN, obtenido por la agresión sexual. De acuerdo con lo que ha dicho a Cimacnoticias la representación legal de la familia de la víctima, la Fiscalía del Estado de México comenzó a realizar confrontas con implicados en delitos sexuales.
Será el próximo 14 de enero de 2022 que el juez diga los años que pasará Jesús Alejandro en prisión, por ahora la Fiscalía del Estado de México solicitó prisión vitalicia.
AUTOR: HAZEL ZAMORA MENDIETA.
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