Los tres son encabezados por mujeres relacionadas con el duartismo o con la ultraderecha. El Poder Ejecutivo tiene al frente a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, quien llegó cuestionada por una vinculación a proceso y un proceso abierto por corrupción cuando fue alcalde, que revocó el Poder Judicial dos días antes de que asumiera su cargo en septiembre pasado.
Campos Galván fue vinculada a proceso porque presuntamente recibió más de 9 millones del erario de manera ilegal, como parte de la “nómina secreta” en el gobierno de César Duarte, según la causa penal 2821/2020. El proceso fue revocado dos días antes de la toma de protesta de la panista.
Durante su campaña, la gobernadora sumó apoyo principalmente del PRI para derrotar a Morena, según la consigna de las candidatas y del dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés.
El PRI estatal se sumó a la campaña de la panista. La misma candidata del tricolor, Graciela Ortiz González, llamó a votar por María Eugenia Campos para evitar que llegara Morena, aunque la priista continuó su campaña.
A favor de la abanderada de la coalición del PAN y PRD también declinaron los candidatos Alejandro Díaz, de Fuerza por México, y María Eugenia Baeza García, de Redes Sociales Progresistas.
El gabinete de Campos quedó formado principalmente por priistas y por el equipo que la ha acompañado desde que fue legisladora en el polémico segundo trienio de César Duarte. De esos mismos equipos priista y panista también llegó a una curul en el Congreso del estado el secretario de Gobierno César Jáuregui Moreno, señalado como parte de la nómina secreta de Duarte; fue el coordinador de la bancada panista de 2013 a 2016, cuando se habrían generado varios acuerdos con el exgobernador, que han cobrado fuerza con los nombramientos recientes en los poderes Legislativo y Judicial.
Algunos de los cargos ofrecidos a priistas en el gobierno del estado los ocupan Lilia Merodio Reza, secretaria de Desarrollo Rural, a quien le corresponde atender, junto con el gobierno federal, el problema de la tala ilegal y el control de los grupos delictivos que controlan ese negocio, problema que ya han reconocido las mismas autoridades; Javier González Mocken, secretario de Educación y Deporte; Teporaca Romero del Hierro, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.
Uno de los más cuestionados es el titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Rascón Carrillo, suplente del diputado plurinominal priista Omar Bazán Flores, uno de cinco políticos empresarios denunciados por el despojo de 154 hectáreas a la comunidad rarámuri de Mogótavo, municipio de Urique, para construir un proyecto turístico en el lugar ubicado en las barrancas del Cobre de la Sierra Tarahumara.
Las inconformidades
Los colectivos Awé Tibúame y la Red de Mujeres Indígenas de Chihuahua han exigido con casi 500 firmas y en dos ocasiones la destitución de Rascón Carrillo. Consideran que él invisibiliza a las comunidades originarias y perpetúa prácticas de dominación y racismo. A ese reclamo se sumó un grupo de 46 antropólogas y antropólogos con experiencia en la Tarahumara, sin que hasta ahora sean escuchados por las autoridades.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2353 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
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