A través de Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Estado Mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa, con el asumió la responsabilidad de concretar, incluyendo la investigación, búsqueda efectiva, salud y medidas de no repetición por la desaparición forzada.
El acuerdo de solución amistosa firmado por la familia del periodista y las autoridades, contiene tres acciones bajo las cuales las autoridades del Estado Mexicano tendrán la obligación de concretar, incluyendo la investigación, búsqueda efectiva, salud y medidas de no repetición.
“Vengo en representación del Estado Mexicano, a reconocer la responsabilidad del Estado Mexicano en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y vengo a ofrecer una disculpa pública porque el Estado Mexicano no pudo garantizar y proteger la integridad de Alfredo”, indicó el funcionario federal.
“Refrendo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación a sus derechos humanos fundamentales, a su seguridad, a su integridad, al ejercicio de su profesión, a sus derechos y libertades. Ofrezco una disculpa a su familia”, expresó el subsecretario.
En la plaza El Tinaco, ubicada en Empalme, Sonora, firmaron el documento los padres del periodista, Esperanza Mota y José Alfredo Jiménez Martínez, así como su hermana Leticia Jiménez. Mientras que de las autoridades firmaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como Encinas Rodríguez.
“Se ofrece una disculpa pública a su familia y se reconoce la responsabilidad institucional del estado mexicano luego de 16 años de investigaciones infructuosas, reconocemos también el pesar que eso ha significado para sus seres queridos”, dijo el mandatario sonorense.
“Por parte del Gobierno de Sonora adquiero el compromiso de colaborar con el gobierno federal en todo lo que esté a su alcance sin regateos ni condición alguna en todas y cada una de las cláusulas que conforman el cumplimiento del acuerdo que hoy se suscribe”, agregó Durazo Montaño.
“Como parte del compromiso que ha asumido el Estado Mexicano ante organismos internacionales de derechos humanos y a fin de generar la ruta de reparación integral del daño de conformidad con nuestra Carta Magna y el derecho internacional de los derechos humanos, se suscribe a continuación el acuerdo de solución amistosa derivado del caso 13 mil 07, Alfredo Jiménez Mota”, detalló el mandatario estatal.
“Este evento no cancela ni cierra las investigaciones sobre el caso, por el contrario arroja luz sobre su continuidad y sobre la necesidad de avanzar en ella hasta donde sea necesario para hacer justicia”, insistió Durazo Montaño en su mensaje.
El periodista José Leobardo Reveles Morado informó en su libro ‘El cártel incómodo: El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán’, que Raúl Gutiérrez Parra, quien después también fue ejecutado, ordenó a Los Güeros asesinar a Jiménez Mota, ya que sus investigaciones interferían con el flujo de drogas a través de Sinaloa.
Jiménez Mota era reportero para el periódico El Imparcial. La noche de 2 de abril del 2005 se reunió con dos funcionarios, entre los que se encontraba Andrés Montoya García, quien se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.
Sin embargo, tras confirmar la reunión con el periodista, el entonces funcionario estatal declaró que se vieron en un supermercado y el reportero se retiró del lugar para supuestamente ver a otra fuente. Asimismo, se sabe que la última llamada que recibió Jiménez Mota fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, mismo que no ha sido interrogado al respecto.
Por su parte, la madre del periodista, Esperanza Mota, declaró que días antes de la desaparición de su hijo, tres hombres con la cabeza rapada lo habían seguido. Desde entonces se señala al grupo criminal “Los Salazar, ligados al Cártel de Sinaloa, como los probables autores materiales del crimen, en contubernio con exfuncionarios de los tres niveles de gobierno.
La entonces PGR inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005. Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) registró el caso con el número de referencia 13.0007, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe 58/15.
A pesar de que la actual Fiscalía General de la República (FGR) mantiene el expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desaparecido o a sus representantes legales.
🔴Firma del Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano ante la familia de Alfredo Jiménez Mota, periodista desaparecido el 2 de abril de 2005https://t.co/m7TVbg6ia6
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) December 8, 2021
En lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -desde diciembre del 2018 hasta el pasado 30 de octubre-, han sido asesinados un total de 49 comunicadores, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas y la mayoría de estos crímenes están impunes.
El último asesinado fue Alfredo Cardoso Echeverría, director del medio digital Dos Costas, quien el pasado viernes 29 de octubre fue sacado con violencia del interior de su domicilio particular, por un grupo de hombres armados, quienes posteriormente lo abandonaron cerca del citado lugar, con nueve disparos de arma de fuego.
A pesar de las múltiples lesiones, el director del portal digital Dos Costas logró ser trasladado al hospital general “El Quemado”, que se localiza en la periferia de Acapulco, donde el pasado domingo 30 de octubre falleció, justo en el momento en que se realizaba una protesta de alrededor de 50 periodistas, quienes exigían justicia por dicho crimen.
Antes, alrededor de las 20:20 horas del pasado jueves 28 de octubre, el periodista Fredy López Arévalo fue asesinado, luego de que un hombre le disparó con un arma de fuego al momento que ingresaba a su domicilio particular, ubicado en la colonia Las Rosas, en el municipio de San Cristóbal, en Chiapas.
Según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Obrador, desde diciembre del 2018 hasta el pasado 5 de octubre, habían sido asesinados un total de 47 comunicadores, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas. No obstante, con el asesinato de Cardoso Echeverría, la cifra ascendió a 49 periodistas.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ.
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