Así lo dio a conocer este lunes el diario La Jornada, que detalla que la Fiscalía presume que ambos utilizaron una rede de empresas también usadas por el Cártel de Sinaloa con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el principado de Andorra.
El reporte del periodista Luis Hernández Navarro menciona que el pasado 8 de julio se abrió la indagatoria en contra de Lucía Collado y Mario Andrade, dado que éstos eran titulares de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), en la que se ingresaron 50 millones de pesos.
Según la información proporcionada al banco al realizar la apertura de la cuenta, Lucía dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicación, en tanto que su esposo Mario se presentó como licenciado en Administración de Empresas. Argumentaron que los recursos procedían de “ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar”.
Por medio de operaciones comerciales textiles simuladas mediante sociedades en Hong Kong y México, la pareja ingresó más de 7 millones de dólares en su cuenta.
De acuerdo con Hernández Navarro, dentro del criterio de oportunidad que busca negociar Collado con la FGR para que desestime la acción penal en su contra, también está el permitir que sus familiares queden exentos de las acusaciones.
Igualmente, busca mantener el control de la Caja Libertad, mediante la reparación del daño. Collado se convirtió en accionista de esta caja en 2015, cuando entró como accionista y fue nombrado presidente del Consejo de Administración.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas está Juan Ramón Collado, quien fuera abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto.
Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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