Las autoridades estadounidenses solicitaron que los miembros del jurado del juicio contra Genaro García Luna se mantengan en anonimato, por considerar que el exsecretario cuenta con los medios para atacarlos e intimidarlos.
“El acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”, subrayo el Fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, en un escrito dirigido al Juez que preside el proceso.
Peace insiste al magistrado en que “al Gobierno (de EU) le preocupa que el acusado y sus conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias“.
En el texto, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado”.
El Fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justifica estas medidas por la “excepcional gravedad de los cargos” así como por “los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales”.
Si el Juez acepta la petición, no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado ni sus direcciones de vivienda y trabajo a ninguna de la partes.
Más allá de preservar su anonimato, los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público.
El comienzo del juicio contra el exsecretario mexicano está previsto para el 24 de octubre del próximo año.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa, un famoso cártel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cártel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.
JUICIO DE GARCÍA LUNA SE REALIZARÁ EN 2022
El juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, acusado de tráfico de drogas, se fijó el miércoles para el 24 de octubre de 2022. García Luna enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.
Los jueces, fiscales y abogados del imputado establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de información confidencial.
García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas.
El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.
Además la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) presentó su primera demanda civil en el extranjero en contra del exsecretario, a quien acusa de presuntas operaciones financieras ilegales. Este primer litigo se da en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Con la demanda, la Unidad busca recuperar “los activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional“.
De acuerdo con el documento, la demanda está basada en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus coconspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
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