El Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) se comprometió a pagar en 15 días hábiles a los derechohabientes que fueron víctimas de fraude durante la tramitación de su crédito, y que ascendería a 68 millones de pesos. Hasta el momento suman 19 de 84 afectados con quienes el organismo firmó un contrato de “cumplimiento de obligación”.
Dichos contratos significan también la cesión de derechos de las víctimas hacia el FOVISSSTE para representarlos en las denuncias penales en contra de la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte S. A. de C. V. (Sensa) que era intermediaria en el proceso de compra venta y a quien el organismo responsabiliza del fraude.
El 13 de diciembre, Animal Político publicó que trabajadores de gobierno que utilizaron su crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) entre octubre y noviembre para comprar casa, denunciaron haber sido estafados: el organismo federal depositó el dinero en cuentas ajenas al trato de compra venta, y ellos se quedaron con las manos vacías, pues no son dueños del inmueble que pretendían adquirir, pero sí de la deuda, pues ya habían comenzado los descuentos en su nómina.
Los afectados confían en que con este acuerdo, podrán recuperar el dinero de sus créditos que van de los 300 mil pesos a 1.2 millones de pesos, pues se trata de trabajadores del Estado con cargos y sueldos de operativos, no de alto rango. Por lo que en la segunda semana de enero de 2022, comenzarían a concretarse los pagos.
En todos los 84 casos identificados, además de la transferencia del dinero del crédito a terceros, estuvo la operación de una empresa intermediaria llamada Soluciones Emprendedoras del Norte S. A. de C. V. (SENSA), una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes), la figura a la que los derechohabientes forzosamente deben acudir si quieren hacer efectivo su crédito.
Dado que sirve como “mandataria”, es decir, representante del FOVISSSTE, haciendo los primeros trámites con los derechohabientes y acompañándolos durante todo el proceso. El FOVISSSTE les da claves únicas para que puedan acceder a su sistema y registrar los datos de los trámites.
En el caso de Sensa, explicó el subdirector de Crédito del organismo, Herminio Silvan Lanestosa, hizo “mal uso de las claves”, pues “cambió de último momento” el nombre de los destinatarios del dinero. Es decir, sustituyó el nombre y cuenta bancaria de los vendedores del inmueble, por el nombre de personas o empresas ajenas al trato.
El Fondo, explicó, realiza 48 mil operaciones de créditos al año, por eso necesita de las Sofomes para realizar los procedimientos como intermediaria, puesto que la institución no tiene capacidad. Éstas “actúan a nuestro nombre con las claves maestras que les proporcionamos y para que coloquen los datos de los vendedores y los beneficiarios en el sistema. Confiamos por el mandato que tenemos con las Sofomes que los datos que carga son correctos”.
Por ello es que el FOVISSSTE interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia por fraude contra esa Sinsa, que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1 S/D01938/12-2021.
A partir de los contratos de cumplimiento que en la última semana han realizado los afectados con el FOVISSSTE, han aceptaron ceder los derechos al organismo del Estado para que se encargue de las acciones de “cobro” y “acciones legales” que se realicen en contra de Sensa.
Mientras que el FOVISSSTE se comprometió a “realizar el pago del precio de la operación de compraventa en un plazo improrrogable de 15 días hábiles”.
La empresa Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) es propiedad del diputado del PRI en Chihuahua, Omar Bazán Flores, y fue constituida el 14 de febrero de 2007, en Chihuahua, cuyo objeto social, es decir, la actividad a la que se dedicaría fue “realizar en forma habitual y profesional el otorgamiento de crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero y factoraje financiero”.
Los accionistas o dueños entonces fueron Omar Bazán Flores y Guadalupe Flores Alvarado, su madre. Pero en los años siguientes, según las actas publicadas en el Registro Público de Comercio, las acciones de ella fueron transferidas a otras personas.
Uno de ellos fue Jesús Alberto Cano Vélez, que se convirtió en accionista de la empresa en 2008, y entre diciembre de 2012 y 2018 fue director de la Sociedad Hipotecaria Federal, la banca del gobierno federal que “impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora”. También fue Consejero Político Nacional del PRI, diputado federal y oficial mayor en la Procuraduría General de la República.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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