Heriberto López Peña, de 27 años y oriundo de Caleta, Michoacán, desapareció el pasado 10 de diciembre. Testimonios incluidos en la denuncia presentada por su esposa ante la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que elementos de la Secretaría de Marina lo capturaron en la playa de la localidad de Toril, en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Desde entonces no se sabe nada de él. Sus familiares creen que los oficiales entregaron al joven a un grupo delictivo que opera en Pichilinguillo, muy cerca del lugar en que fue desaparecido. Vecinos de Caleta mantienen un plantón para exigir su regreso con vida y que las autoridades actúen contra los responsables.
“Los que levantaron a mi hermano son los marinos que estaban en Tupitina. Las dos patrullas que tienen en la base de allá fueron las que lo hicieron”, dice Marisol López Peña, de 32 años y hermana del desaparecido.
Su versión: que Heriberto se acercó a la playa, posiblemente a fumar mariguana, cuando fue interceptado por los elementos navales. “Las dos camionetas estaban separadas, una en la carretera y otra en la playa. Pasó mi hermano y le corretearon. Le alcanzó a llamar a uno de sus amigos. Esa fue la última llamada de él”, explica. En la denuncia presentada ante FGR, se incluye el testimonio del trabajador de un hotel que aseguró haber visto cómo los marinos lo persiguen y lo capturan.
“De ahí no se lo llevan a la ciudad, se lo llevan a Pichilinguillo. Ahí hay un retén de gente armada, a los que llaman los Pulidos. Hubo personas que dicen que los marinos lo entregaron a ellos”, afirma López Peña.
“Si lo hubieran agarrado con mariguana, lo que tenían que hacer es dar parte, llevarlo y hacer lo que se tenía que hacer. Pero no lo presentaron a ningún lado”, dice la hermana del desaparecido. Asegura que fue a la base más cercana junto con la esposa del joven pero que los marinos negaron tener relación con los hechos.
Animal Político consultó con la Marina, la FGR y el gobierno de Michoacán sobre el caso, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Tras la desaparición de Heriberto López Peña, vecinos de Caleta colocaron un plantón en la carretera de la costa que se dirige a Lázaro Cárdenas.
El martes, 14 oficiales de la Marina se presentaron en el plantón y negaron estar coludidos con el crimen organizado. El comandante Félix García Reyes aseguró que lo más probable es que hubiese vehículos clonados de la Armada de México. Este es un argumento que las instituciones han repetido en ocasiones en las que han sido señaladas por violaciones a los derechos humanos.
Ocurrió, por ejemplo, entre febrero y mayo de 2018 cuando la Marina fue acusada de perpetrar 47 desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al ser cuestionados por familiares de los desaparecidos, las autoridades alegaron que se trataba de delincuentes disfrazados de marinos, algo que las investigaciones descartaron. Actualmente hay 18 oficiales encarcelados por el delito de desaparición forzosa y otros 12 fueron recientemente liberados.
Según explicó Marisol López Peña, la Marina lanzó un operativo el miércoles 15 en el que participó la mujer del desaparecido. Según esta versión, tres personas fueron detenidas, pero hombres armados trataron de liberarlos causando bloqueos con vehículos ardiendo.
“Nunca habíamos tenido problemas con nadie. Ni con la gente ni con el gobierno. En el pueblo todo estaba tranquilo”, dice López Peña, que exige la presentación con vida de su hermano.
Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México emitieron una alerta en la que exigen la liberación de López Peña, la investigación del caso y una reunión de los pobladores con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para poder tratar la problemática delictiva en el lugar.
Michoacán vive una situación conflictiva en los últimos años por el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, formados por diversos grupos delictivos.
Marina ha sido acusada en diversas ocasiones de perpetrar desapariciones forzosas. Ocurrió en el primer semestre de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a finales de 2018 en Guanajuato.
FUENTE:ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLO.
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