“Se afectaría a la adecuada investigación, al detallarse información general y específica sobre un presunto hecho delictivo y a través de la cual se busca elementos para identificar posibles responsables de hechos relacionados con algún delito en el ejercicio de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales; asimismo se alertaría a terceras personas o de la delincuencia organizada, que estarían conociendo la información sujeta a investigación por la autoridad ministerial”, dice la resolución.
Cristóbal Cabreiro Ramírez murió el pasado 31 de octubre tras recibir varios balazos cuando viajaba en un pick up con otros 12 migrantes en el ejido Echegaray, municipio de Pijijiapan, Chiapas. El vehículo trató de eludir un retén de la Guardia Nacional cuando los agentes comenzaron a disparar. Además de la víctima mortal, otras tres personas resultaron heridas.
En un primer momento, las autoridades difundieron la tesis de que había sido encontrada un arma junto al cuerpo de la víctima, pero esta versión fue desmentida por sobrevivientes al ataque, que denunciaron que los policías comenzaron a disparar sin previo aviso.
Actualmente existen dos investigaciones abiertas: una centrada en el homicidio y la otra en un supuesto tráfico de personas. Aunque están identificados los elementos que formaban parte de la unidad GN 19307, hasta el momento no se ha hecho público el arresto o la vinculación a proceso de ninguno de ellos.
Animal Político solicitó copia del informe policial homologado firmado por los agentes involucrados, así como datos sobre el despliegue de la Guardia Nacional, las comunicaciones mantenidas aquel día entre los elementos y sus superiores y la capacitación en Derechos Humanos de los oficiales que participaron en los hechos.
En opinión de la Guardia Nacional, la difusión de estos datos podría ser perjudicial para la investigación, así como para el derecho a la presunción de inocencia de las personas que participaron en los hechos.
No dar pistas al crimen organizado
“Los documentos requeridos son realizados por integrantes de esta institución de seguridad pública, forman parte de la carpeta de investigación integrada por la autoridad ministerial correspondiente, y la entrega de los mismos, implicaría la divulgación de datos sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos, así como los posibles elementos de prueba sujetos a investigación por parte de la autoridad ministeriales, tales como descripción de lugar, ubicación y relatoría de los hechos, horarios y objetos utilizados para cometer conductas posiblemente constitutivas de delito”, dice la Guardia Nacional.
También rechaza hacer público el despliegue de Guardia Nacional en el ejido Echegaray, ya que podría poner sobre aviso al crimen organizado sobre las actuaciones que desarrolla el cuerpo militar en la zona.
La muerte de Cristóbal Cabreiro marcó un antes y un después en el control migratorio en Chiapas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio orden de poner a disposición a los elementos involucrados en el asesinato y criticó la acción de los uniformados.
“No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, dijo. Semanas después de aquel homicidio y tras la partida de varias caravanas desde Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a ofrecer tarjetas de residente por motivos humanitarios y tratar de descongestionar el estado fronterizo.
El cuerpo de Cabreiro sigue en Chiapas a la espera de que pueda ser trasladado a Cuba, donde lo esperan sus familiares para darle sepultura. El resto de sobrevivientes cruzó a Estados Unidos después de permanecer varios días encerrados en un centro para menores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tras cruzar la frontera relataron haber sido extorsionados por policías mexicanos, que les pidieron dinero para poder seguir su camino hacia el norte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario