HRW consideró que, si bien el programa ha sido modificado por la Administración de Joe Biden, "hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar el plan puedan hacerlo de un modo que respete los Derechos Humanos.
"Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad", indicó la ONG.
La investigadora de fronteras en HRW Ari Sawyer subrayó que, en el marco del programa, las autoridades mexicanas y estadunidenses "han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo". "No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de un modo que respete sus derechos", agregó.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en “Quédate en México”, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.
El programa no tiene en cuenta que "muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos", lamentó HRW.
Si bien Washington afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.
HRW concluyó que, tanto en el contexto de “Quédate en México” como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadunidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.
Además, según la ONG, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar "particularmente peligroso". Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes, denuncia HRW, que insiste en que tanto las autoridades estadunidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadunidense.
El Departamento de Estado estadunidense emitió una alerta de no viajar para el estado, en la cual indica que "miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera". HRW y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de Estados Unidos a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.
Presuntas mejoras
La Administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión del Tribunal Supremo, pero que lo hará con "mejoras de carácter humanitario". Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las "personas particularmente vulnerables" no sean inscritas en el programa.
También prometió que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.
"Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante la primera instancia del programa, pero nunca se concretaron", lamentó HRW, que también remarcó que el gobierno de estadunidense expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero HRW comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas.
El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa. "Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato", remarcó Sawyer.
FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
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