Según informaron medios estadounidenses está previsto que diariamente lleguen un máximo de 30 personas por cada uno de los siete pasos fronterizos que estarán habilitados. Además de Juárez el programa se ampliará a Tijuana y Mexicali, Baja California; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Nogales, Sonora y Piedras Negras, Coahuila, aunque por el momento no hay fecha fijada.
Los primeros solicitantes de asilo podrían llegar hoy a Juárez. Allí les esperan equipos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que serán los encargados de trasladarlos a un albergue. Según explicó Alberto Cabezas, vocero de la agencia internacional, su papel será de transporte y, posiblemente, de pruebas COVID para cuando las personas regresen a EU para su cita con la corte. “No estamos a favor del MPP (como se conoce el “Protocolo de Protección a Migrantes” por sus siglas en inglés), pero no vamos a abandonar a quienes lo sufren”, dijo, para explicar la participación de la OIM en el operativo.
El traslado es un punto clave. El acuerdo entre México y EU incluye un punto en el que se afirma que se garantizará la seguridad de las personas expulsadas. Organizaciones de Derechos Humanos registraron más de 1 mil 500 denuncias por violencia contra los solicitantes de asilo, como secuestros o extorsiones. Los puntos de entrada en el Valle del Río Bravo son considerados los más peligrosos y todavía se está discutiendo cómo se gestionarán las entradas.
Existe la posibilidad de que los expulsados sean trasladados a municipios diferentes a Nuevo Laredo, Matamoros o Piedras Negras, aunque todavía no se ha definido. El padre Francisco Gallardo, responsable de la Casa del Migrante de Matamoros, explicó que por el momento no han recibido ninguna información ni tampoco un apoyo extra para recibir a los migrantes. El acuerdo de reactivación del MPP indica que quien pida refugio y sea considerado como candidato a ser devuelto a México dispondrá de 24 días para que se le realice una entrevista sobre su miedo a ser expulsado.
Juárez fue el primer municipio escogido para reactivar el MPP. Allí, los solicitantes de protección irán en un primer momento al albergue Kiko Romero, de titularidad municipal y de ahí deberían ser enviados a otros lugares, como el albergue Leona Vicario, gestionado por el gobierno federal. “Se les hará un registro, prueba de COVID y, si no están contagiados, se les ofrecerá un servicio de retorno o permanecer en el albergue. Nuestro espacio es voluntario, ninguno está contra su voluntad. Si que hay una regla, no se puede salir o entrar a causa de la pandemia”, dijo Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos de la municipalidad de Juárez.
Como no están bajo régimen cerrado, los extranjeros podrán marcharse en cualquier momento. Está por ver si se les proporciona facilidades para que obtengan un empleo durante el tiempo que permanezcan en México. En la anterior edición de MPP, durante el gobierno de Donald Trump, las autoridades prometieron que se ofrecerían empleos pero información obtenida por Animal Político constató que solo 64 de los más de 70 mil solicitantes de asilo que fueron devueltos lograron un puesto de trabajo.
El programa “Quédate en México” se reinicia después de que una corte de EU obligase al gobierno de Joe Biden a retomarla tras considerar que el memorándum con el que le puso fin no había tenido en cuenta los “beneficios” del plan para el control migratorio.
Tras una negociación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reactiva con varios cambios: los solicitantes de asilo no podrán estar más de 6 meses en territorio mexicano, deberán contar con apoyo legal y garantías de seguridad.
Animal Político consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los primeros no dieron respuesta mientras que los segundos señalaron que la única comunicación pública será un video publicado por Roberto Velasco, jefe de la Unidad de América del Norte, en el que explica el nuevo protocolo y lo defiende por razones “humanitarias”.
“Quédate en México” fue un programa desarrollado por Donald Trump y acordado con el gobierno de López Obrador. Estuvo operativo entre 2019 y 2021 y permitió la expulsión de más de 70 mil personas. Tras la llegada al gobierno de Biden y el fin del programa, la Casa Blanca desarrolló junto a Acnur y la OIM un plan para que pudiesen ingresar a EU los solicitantes de asilo expulsados. Apenas 15 mil retornaron y se estima que la mayor parte de ellos ya habían ingresado al país por vías irregulares.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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