Armando Saldaña Flores, exfuncionario de la dependencia, ha ofrecido testimonios y documentos para probar que Robles y su entonces oficial mayor, Emilio Zebadúa González, tuvieron conocimiento de que se había falsificado su firma en la operación por el mencionado monto, pero, lejos de actuar en consecuencia, trataron de justificar la erogación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2017.
Robles se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla para enfrentar el proceso por un delito de omisión, consistente en no haber informado debidamente a su superior, al entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre un esquema de triangulación de fondos que permitió desviar 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión.
Ese monto es la suma de 25 expedientes de auditoría por los cuales se abrieron numerosas carpetas de investigación, entre ellas la relacionada con un convenio por los mencionados 185 millones de pesos, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM).
El Ministerio Público federal se propone terminar 2021 dando cauce judicial y vinculando el desvío de los 185 millones de pesos que, mediante confesionales y documentales obtenidos en meses recientes, permitirán acreditar en el primer trimestre de 2022 nuevos delitos imputables a Robles y a Zebadúa, con miras a integrar un caso por delincuencia organizada.
Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario con Robles y es hoy uno de los principales actores en el caso, el lunes 13 comparecerá ante el juez; y con su audiencia la FGR espera cerrar la pinza en torno a la exsecretaria.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, la FGR tiene listo el que considera uno de los casos mejor documentados, vía las causas penales 443/2018 y 539/2021, relativos al desvío millonario mediante el convenio Sedatu-UPFIM.
El robustecimiento de las carpetas de investigación se relaciona con los otros imputados que habrían aportado el material probatorio:
Armando Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, se encuentra señalado en la carpeta CJ 442/2018.
El otro es Juan de Dios Nochebuena Hernández, miembro de un clan caciquil del estado de Hidalgo, y quien, como rector interino o encargado de la Rectoría de la UPFIM, recibió las transferencias y realizó subcontratos anómalos. Este político hidalguense se encuentra señalado también en la CJ 442/2018.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2353 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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