Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU matizó en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió.
Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había defendido la educación en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participado en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial, tal y como alertó el comité.
Así, permaneció detenido en régimen de incomunicación en un "centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la Policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación".
El propio Gallardo ha denunciado que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja, así como con asesinar a sus padres. Además, fue obligado a firmar una serie de documentos que luego fueron utilizados para su supuesta confesión.
Tras dicha "confesión", recoge el texto del comité, "fue acusado de formar parte del crimen organizado y de secuestrar a dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México".
Por ello fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
"Durante este tiempo fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día", lamentó la ONU. "Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena", añade.
Tanto él como su familia han presentado varias denuncias por los actos de tortura cometidos en su contra, pero estas no han resultado en la apertura de investigaciones significativas "Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte", dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.
"Los familiares directos de Gallardo también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso al que se enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral", afirmó.
Por todo ello, el comité hizo un llamado al gobierno mexicano para "tomar todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de no repetición" y preserve "los derechos de los pueblos indígenas para que no sean criminalizados por sus actividades legítimas en defensa de los Derechos Humanos".
A su vez, solicitó que México proporcione a Gallardo y a sus familiares una "reparación integral" y una "disculpa pública".
FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
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