El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, precisó que estas medidas sólo podrían ser implementadas si así lo autoriza la Suprema Corte cuando resuelva el fondo de la controversia constitucional promovida por el INE contra el recorte presupuestal al Instituto aprobado por la Cámara de Diputados.
La otra alternativa, dijo el funcionario en entrevista, es que la Corte le ordene al Poder Legislativo aceptar la solicitud de recursos elaborada por el árbitro electoral.
El INE ha sostenido que organizar y efectuar la consulta de revocación de mandato requiere de 3 mil 890 millones de pesos, pero los diputados sólo le asignaron 830 millones para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
El Instituto ya hizo ajustes presupuestales que le han permitido un margen presupuestal de 1 mil 503 millones de pesos, que continúan siendo insuficientes. Por ello, el Consejo General acordó posponer algunas actividades de organización, aunque ello nunca implicó afectar el proceso de recepción y validación de firmas ciudadanas requeridas para convocar al ejercicio.
“La Corte podrá darnos certeza jurídica sobre lo que podemos hacer, ya sea con un presupuesto mayor, ya sea con los recursos disponibles y permitiendo que se hagan los ajustes operativos que son inevitables; el INE está haciendo un esfuerzo de disminución de costos, pero no puede hacer milagros”, dijo Rivera en entrevista con Animal Político.
“Estamos analizando, junto con las áreas ejecutivas y técnicas, otros ajustes que se podrían hacer para disminuir los costos, de tal manera que, si tenemos que organizar esta consulta revocatoria con mucho menor presupuesto que el estimado, es decir, con un 40% de lo que solicitó el INE (1 mil 503 millones de pesos), ¿qué tanto podríamos disminuir algunos gastos que están previstos en la ley sin que por ello se afecte la certeza, la imparcialidad y la calidad de la participación ciudadana en un ejercicio como éste?”.
El consejero precisó que el árbitro electoral no puede, unilateralmente, decidir si instala menos casillas por falta de recursos, pues en la Ley Federal de Revocación de Mandato se estableció que se debe disponer el mismo número de urnas que en la elección federal anterior, esto es, más de 161 mil.
“Sin embargo”, dijo Rivera, “una autoridad judicial, sea la Corte o el Tribunal Electoral federal, sí puede ordenar un ajuste y una dispensa a algunas de las condiciones establecidas en la ley. Eso no le corresponde hacerlo a un órgano administrativo, sino a uno jurisdiccional, que puede exceptuar algunas de las condiciones que están en la ley electoral, a fin de hacerlo compatible con la disponibilidad de recursos”.
El consejero precisó que reducir la cantidad de casillas sería útil porque se trata de una de las actividades más costosas; detalló que menos urnas implicaría un menor número de Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), a quienes se les paga un salario, y una menor cantidad de ciudadanos funcionarios de casilla a los que habría que capacitar.
“Tiene mucho impacto el número de casillas, principalmente en la cantidad de los ciudadanos que se tienen que capacitar para integrar las mesas directivas y los capacitadores que se deben de contratar para que hagan el trabajo de campo, pues ellos tienen que visitar millones de hogares invitando a los ciudadanos a participar y luego los tienen que reunir, y se da una capacitación para ir seleccionando a quienes son aptos para cumplir la función importante de recibir y contar los votos ciudadanos; ésa es la actividad más costosa y que inevitablemente se tiene que ver afectada”, explicó Rivera.
“Podemos hacer también ajustes en el número de ciudadanos insaculados de la Lista Nominal a los que hay que notificar invitándolos a participar como funcionarios de casilla; estaríamos usando un menor número de funcionarios de casilla, y por lo tanto podríamos convocar por sorteo a menos de los funcionarios que establece la ley para una elección, que es el 13% de la Lista Nominal; ése es otro ajuste que podemos hacer y tendría un impacto importante”.
El consejero encargado de proponer las reasignaciones al presupuesto del INE también dijo que se explorará “ajustar las características de la impresión de boletas, que deben ser la misma cantidad de ciudadanos inscritos en la Listado Nominal (92.8 millones de personas), porque todos los ciudadanos que quieran participar encontrarán las boletas suficientes en las casillas que les correspondan”.
“Menor número de casillas no desalienta participación”
Luego de que en la pasada consulta popular de agosto se registró una baja participación ciudadana, funcionarios públicos, legisladores y representantes de Morena acusaron al INE de “sabotear” el ejercicio por haber instalado una menor cantidad de urnas que en una elección ordinaria.
Por insuficiencia presupuestal, el árbitro electoral instaló alrededor de 57 mil casillas, casi un tercio de las habilitadas en la elección federal de junio.
A contrapelo de las críticas, el consejero Rivera sostuvo que la baja participación ciudadana se debió a una decisión voluntaria de los votantes.
“El nivel de participación ciudadana que hubo en la consulta popular de agosto no fue muy determinado por el número de casillas, porque casi el 58% de los electores de la Lista Nominal tuvieron la oportunidad de ir a votar al mismo lugar en el que votan regularmente”, afirmó.
“No hay una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de participación de las casillas que se instalaron en el mismo lugar que de costumbre y las casillas que a una parte de los electores les quedaron más lejos. (…) El número de casillas no fue lo más determinante: fue una decisión de los electores acudir o no acudir a votar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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