En total, en nueve meses casi 12 mil personas fueron detenidas cuando viajaban en un camión en dirección a Estados Unidos.
No hay constancia de que estas revisiones hayan tenido consecuencias legales para las empresas. Desde hace dos meses las autoridades obligan a las compañías a pedir documentación a sus pasajeros y a impedirles abordar en caso de no contar con la regularización migratoria en regla.
La estrategia de revisión de autobuses se incrementó a partir del verano, cuando aumentó la llegada de ciudadanos haitianos a Tapachula, Chiapas. En marzo, apenas 34 personas fueron detenidas en una revisión a un autobús en Tamaulipas. En abril se registraron 10 operativos y 354 capturas (que el documento refiere como “rescates”), mientras que en mayo fueron 5 y 111 arrestados. Las revisiones se incrementan a partir de junio, cuando hubo 36 operativos y 450 capturados. En julio fueron 182 (1 mil 698 detenidos), en agosto 485 (4 mil 839) y en septiembre 399 (4 mil 934), lo que deja una media de casi 15 revisiones diarias en los últimos dos meses.
Por estados, Tamaulipas es donde más operativos contra autobuses se realizaron, con 300 revisiones y 3 mil 493 migrantes capturados. Por detrás se encuentran Tabasco, con 237 y 2 mil 808; Veracruz, con 134 y 2 mil 274; Oaxaca, con 187 y 1 mil 358; Tlaxcala, con 219 y 1 mil 242; San Luis Potosí, 30 y 283; Nuevo León, con 9 y 38 y Chiapas, con 2 redadas y 11 migrantes apresados.
Las compañías que más revisiones han recibido son ADO (295 reportes y 3 mil 349 migrantes capturados en sus vehículos), Sur (121 y 1 mil 631), Futura (106 y 1 mil 127), OCC (54 y 481), Noreste (36 y 281), Ómnibus (35 y 226), Frontera (34 y 276), FYPSA (30 y 150), y TLA (25 y 117).
El incremento de operativos contra los autobuses forma parte del incremento de la presión del INM para frenar el tránsito hacia Estados Unidos. Las detenciones se han disparado tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya el mandatario que más migrantes ha detenido, con un total de 228 mil 115.
Las redadas no son la única medida adoptada por el gobierno federal para atajar el tránsito hacia el norte en transporte público. Desde septiembre, las terminales de autobús muestran carteles firmados por el INM, secretarías de Seguridad Pública, Transportes y Gobernación y Fiscalía General de la República (FGR) en las que se indica que nadie podrá subir a los autobuses si no presenta documentación migratoria en regla. Animal Político consultó a la patronal de las empresas de transporte y esta indicó que se trataba de una medida solicitada por parte del gobierno federal.
No era la primera vez que el INM recurría al control de los buses para frenar el flujo. En 2019, en medio de un incremento de la llegada de población centroamericana y en medio de las presiones del expresidente de EU, Donald Trump, López Obrador pidió la colaboración a las compañías de Chiapas y les solicitó que no vendiesen boletos a los migrantes indocumentados.
En aquel momento, Coparmex respondió alegando que ellos no actuarían como policías. Dos años después, la medida se ha impuesto en toda la República y sin oposición pública por parte de las compañías.
Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron estas medidas argumentando que va contra la Constitución ya que nadie puede solicitar documentación si no es un oficial migratorio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERETO PRADILLA.
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