La Fiscalía de Morelos indicó que durante la última semana del mes de noviembre se hallaron cuatro restos óseos, de igual número de personas, en el Ejido de Mixtlalcingo, municipio de Yecapixtla, que se suman a los siete restos que se localizaron en la zona el pasado mes de octubre.
A través de un comunicado, la dependencia estatal explicó que estos trabajos se llevaron a cabo en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, así como con autoridades estatales y federales y de víctimas integradas a la Brigada Nacional de Búsqueda.
Detalló que durante la última semana del mes de noviembre se hallaron cuatro restos óseos, de igual número de personas, en el Ejido de Mixtlalcingo, que se suman a los siete restos que se localizaron en la zona el pasado mes de octubre, lo que da un total de 11 restos humanos.
“Al concluirse los trabajos en la zona de la mina de arena, en donde en el mes de octubre se localizaron un total de siete restos esqueletizados, se amplió la búsqueda en un terreno baldío al oriente del camino de terracería a la mina de arena, por la Barranca ‘Agua Salada'”, puntualizó la Fiscalía de Morelos.
Agregó que con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y peritos, la Guardia Nacional y Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en coordinación con las comisiones estatal y nacional de búsqueda de personas e integrantes de la Brigada Nacional se desarrollaron acciones de localización en las que también intervinieron con binomios caninos.
En dichos trabajos de búsqueda “se realizaron diversos pozos de sondeo y con la intervención de binomios caninos se localizaron diversos restos óseos” en el Ejido de Mixtlalcingo, perteneciente al municipio de Yecapixtla, por lo que también “se obtuvo de la autoridad judicial la respectiva orden de exhumación”.
Dicha orden permitió que peritos en criminalística y antropología forense de la Fiscalía de Morelos intervinieran para culminar la exhumación, en la que se hallaron un total de cuatro restos humanos, “mismos que fueron debidamente embalados para su traslado al servicio médico forense”, indicó la dependencia.
Ahondó que ya se realizan las acciones periciales correspondientes para identificar a las víctimas, entre las que se encuentran las de “antropología, fotografía, medicina legal, criminalística y genética forense”, con el propósito de obtener muestras de información genética y con ello ubicar a los familiares.
“Los trabajos correspondientes se desarrollan con total respeto a las víctimas directas e indirectas y se dará continuidad a las acciones de coordinación institucional correspondientes para la búsqueda y localización de personas en el estado de Morelos”, destacó la Fiscalía local.
En agosto pasado el Gobierno de México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual realizó una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.
“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico“, la cual se declaró en la gestión del Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Unos días antes de estas declaraciones por parte de Encinas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) denunció que miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
“Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló a Efe Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
Tras presentar la campaña realizada por la organización de investigación e incidencia de la organización, Brewer puntualizó que lo más preocupante es que la Justicia está fallando a las personas desaparecidas en México desde el primer paso del proceso.
“Pudimos notar que muchas veces no se reconocen e investigan las desapariciones como delitos”, lamentó.
Detalló que de las más de 23 mil personas que están clasificadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario