La tarde del 6 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que aplicó una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas contra Javier Duarte, internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Esta nueva orden de aprehensión provino de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE); deriva de una investigación abierta por el ocultamiento de 13 de 19 cuerpos hallados en enero de 2016 en la barranca de La Aurora, una zona boscosa cerca de Xalapa, en el municipio de Emiliano Zapata y a menos de cuatro kilómetros de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, de la Policía Estatal de Veracruz.
De acuerdo con declaraciones vertidas en la investigación FEADPD/ZCX/011/2017, en la barranca de La Aurora policías de la Secretaría de Seguridad Pública dejaban los cuerpos sin vida de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía.
Es la primera vez en México que se investiga a un gobernador por este delito calificado como de lesa humanidad. La noticia despertó diversas reacciones entre dirigentes y buscadoras de colectivos de personas desaparecidas en Veracruz, estado que ocupa el cuarto lugar nacional con más personas desaparecidas y no localizadas (5 mil 453 casos), según datos de 2021 de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 6, 2021
“QUE NO SALGA DE LA CÁRCEL”
Rosalía Castro, coordinadora del colectivo que integra a más de 400 madres, hijas y hermanas de desaparecidos, dice que el exgobernador debe pagar todo lo que hizo, y también sus colaboradores. Ve con buenos ojos que la Fiscalía “haya tomado las cartas en el asunto”.
Para este colectivo, las imputaciones por delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos eran, apenas, lo mínimo. En cambio, la desaparición forzada es para ellas el delito más importante por el que se debe juzgar a Javier Duarte, el exgobernador priísta.
Javier Duarte fue detenido en Guatemala el 15 de abril del 2017 por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero en días recientes, el gobierno de Guatemala realizó una excepción en su Tratado de Extradición. Esto permite que se pueda juzgar a Duarte por desaparición forzada en Veracruz pues, al momento de su captura, no se incluyó ese señalamiento.
—El colectivo presionó mucho por esta imputación. Esperamos seguir empujando para que no solo se quede en la aprehensión. Que hable, tiene que hablar —expone Rosalía.
El colectivo tiene motivos para celebrar: la nueva orden de aprehensión impediría que Javier Duarte obtenga su libertad anticipada por “buena conducta”. Duarte fue condenado a nueve años de prisión en 2020 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero cometidos en Veracruz. Tras cubrir más de la mitad de la condena, podía solicitar su salida prematura.
Celia García Velázquez, otra de las integrantes de Colectivo Solecito y madre de Alfredo Román García, desaparecido el 18 de julio de 2011, también habla:
—¿Qué podría decirte sobre el famoso gobernador? Que pague las lágrimas de todas las madres que han llorado por su culpa.
Celia dice, con enojo, que espera que el exgobernador nunca salga de la cárcel. Y “si llegase a salir, su risa fingida la pagará en la noche, con sus depresiones y sus sueños”.
La buscadora Maricel Torres Melo, del colectivo María Herrera de Poza Rica, advierte que si a Duarte se le vincula a proceso por los cuerpos hallados en la barranca de La Aurora, esperarían que también se le investigue por otros casos de desaparición forzada cometidos en Veracruz. “Y que no salga en todo lo que le resta de vida”.
ESPERANZA Y DESCONFIANZA
Desde el sur de Veracruz, Lenit Enríquez, del colectivo Madres Buscadoras de Coatzacoalcos, ve la orden de aprehensión como “una esperanza”: “puede ser la punta de lanza para todo lo que ha hecho (Duarte) en el estado de Veracruz”.
Enríquez explica que hay todo un contexto que explica las desapariciones forzadas: un sistema que operó y estuvo blindado en ese periodo de gobierno. Ella busca a Jhonit Enriquez, su hermano desaparecido en 2015. El caso ocurrió justo en el marco de “Blindaje Coatzacoalcos”, un operativo policíaco impulsado por Javier Duarte con la Policía Estatal “para combatir al crimen”.
La buscadora confía en que las autoridades puedan llegar hasta la última persona involucrada en este tipo de delitos, desde los altos mandos como el exgobernador, el exsecretario de Seguridad Pública y el exfiscal, hasta agentes de investigación y policías. Es decir, toda la cadena de mando.
Aunque se trata del primer gobernador investigado por desaparición forzada, no es el único funcionario veracruzano que enfrenta un proceso por el mismo delito.
El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado detuvo a Roberto Meza, exdirector de la Fuerza Civil, un grupo de élite de la Policía Estatal creado por Duarte. Junto con él, fueron detenidos 13 policías más señalados de cometer desaparición forzada.
Un mes después, fue detenida Rosario Zamora González, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, por contribuir en el ocultamiento de los cuerpos en la barranca de La Aurora. Y en junio, por ocultar información de este caso, se detuvo al exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.
Actualmente todos siguen el proceso en libertad. Solo Duarte aguarda en el penal. Lo que sigue para el exgobernador de Veracruz es la audiencia inicial, que se legalice la detención y se impute el delito de desaparición forzada.
Por estos antecedentes, no todas las buscadoras tienen opiniones tan alentadoras sobre esta nueva orden de aprehensión.
Ana Lilia Jiménez, del colectivo Córdoba-Orizaba, no se emociona con la noticia porque considera que la imputación no se traduce en justicia. La mamá de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido en septiembre de 2012, en Orizaba, cree que se trata de una simulación. “Quieren seguir maquillando y haciéndonos creer que hay un sistema de justicia, cuando sabemos que esto no nos resuelve nada ni nos va a devolver a nuestros familiares desaparecidos”.
La buscadora critica que las autoridades hayan demorado tantos años. Insiste en que se debió detener a Duarte cuando gobernaba y que las otras autoridades detenidas por este caso en particular, ahora mismo enfrentan el proceso en libertad.
Solo cuando se lleve a cabo un juicio por todos los casos de desaparición forzada y, sobre todo, cuando encuentren a las personas desaparecidas, Ana Lilia considerará que las autoridades hicieron su trabajo. “Solo entonces diríamos que se les hizo justicia; mientras tanto, no”.
AUTOR: LUIS FERNANDO JARILLO, VIOLETA SANTIAGO.
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