Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político la apertura de dichas indagatorias luego de que se recibieron dos denuncias en contra de dichos servidores públicos por supuestos hechos irregulares. Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la FGR, aunque con autonomía técnica y de gestión.
La apertura de estas investigaciones penales, indicaron las autoridades consultadas, no prejuzga sobre si se cometieron o no los delitos que se denunciaron ni la responsabilidad de las personas que se señalan, pero el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de indagar los hechos que se le denuncian.
En el caso iniciado en contra de los consejeros del INE, la indagatoria se inició luego de que el pasado 23 de diciembre se recibiera una denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como al secretario Ejecutivo de dicho organismo Edmundo Jacobo Molina.
En la querella presentada se acusa a los denunciados de la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abusos de autoridad, ilícitos que supuestamente se habrían materializado en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.
Se trata de delitos que de acuerdo con el Código Penal Federal ameritan penas de cárcel: de 2 a 7 años de prisión en el caso de coalición de servidores púbicos, y de uno a ocho años de prisión en el tema de abuso de autoridad. El ilícito de abuso de autoridad amerita, además, prisión preventiva automática tras las reformas impulsadas por el gobierno y aprobadas en 2019.
Tras la recepción de la referida denuncia, la carpeta de investigación se abrió a finales de la semana pasada en la FECC y este lunes los fiscales responsables trabajaron en la elaboración el plan de investigación y las líneas a seguir. Las fuentes consultadas indicaron que se trata de delitos complejos y que implican un amplio número de posibles conductas dentro de su tipificación. Por ello, se prevé verificar elementos primarios como si hubo un acuerdo previo entre los consejeros que votaron en el sentido mencionado, o si se emprendieron acciones suficientes para reunir el presupuesto antes de paralizar el proceso de consulta.
Respecto al tema de Santiago Nieto, la carpeta de investigación en su contra se inició hace dos semanas luego de que se recibiera una denuncia anónima en contra de dicho exfuncionario por supuestos irregularidades en su patrimonio. En concreto, se le señala de haber adquirido cuatro propiedades y un vehículo de lujo cuyo monto presuntamente supera sus ingresos como servidor público.
En este caso lo que la FGR indaga es la posible comisión de un delito de enriquecimiento ilícito que dependiendo de la dimensión de las irregularidades puede alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión. Es otro ilícito considerado como de corrupción y que amerita prisión preventiva automática si hay indicios suficientes para abrir un proceso penal contra el implicado.
Para el esclarecimiento del caso contra Nieto, la FGR solicitará la colaboración de otras dependencias federales y bancarias con la finalidad de profundizar en el análisis del patrimonio del exfuncionario.
Las autoridades consultadas indicaron que en ninguno de estos casos se requiere la ratificación de las denuncias presentadas dado que las indagatorias ya están en marcha. Lo que procede es que los fiscales a cargo de ambos casos reúnan los datos de prueba para verificar si, inicialmente, los cargos denunciados se sostienen y solicitar entonces al juez la apertura de un proceso penal.
En caso de no haber evidencia inicial que sostenga que realmente ocurrió un delito y que las personas denunciadas lo cometieron, la FGR puede optar por decretar el no ejercicio de la acción penal y cerrar el caso definitivamente. Durante toda la fase de investigación inicial los probables responsables, si así lo desean, pueden presentarse voluntariamente a conocer el expediente o incluso rendir una declaración ministerial.
Polémicos procesos
Las denuncias presentadas en la FGR se hicieron públicas desde antes de que se iniciaran las carpetas de investigación correspondientes. Y en ambos casos ya ha habido posicionamientos de los funcionarios implicados y de diversos expertos, en su mayoría cuestionando los hechos.
En el caso en contra de los consejeros del INE, fue la propia Cámara de Diputados la que hizo público en un comunicado la presentación de la querella en contra de los consejeros. En dicha comunicación oficial se detalló que, por instrucción del presidente de la Mesa Directiva – el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna – se había presentado la denuncia como parte de una estrategia de “acciones jurídicas en defensa de sus facultades”.
Gutiérrez Luna presentó la denuncia ante la FGR justo un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera la decisión del consejo General del INE de posponer la organización de la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto. La decisión del máximo tribunal fue resultado de una controversia constitucional que también promovió la propia Cámara de Diputados.
Sobre la denuncia penal presentada, las consejeras y consejeros del INE emitieron un posicionamiento oficial unánime en el que cuestionaron esta acción y sostuvieron que “las diferencias de criterio no deberían ameritar una persecución penal”. Acusaron que se trataba de una “acción injustificada”, intimidatoria y “sin sustento jurídico” que atentaba contra la autonomía del organismo.
Dicha posición ha sido secundada por múltiples expertos, académicos y legisladores de oposición en diversas declaraciones ante los medios de comunicación, así como comentarios en redes sociales. El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, pidió en su cuenta de Twitter respaldar a los comisionados del INE. “Nada tan triste como creer que esas ideas impulsan la democracia”, señaló.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de penalizar el proceso relacionado con la revocación de mandato, aunque insistió en que los consejeros del INE cometieron “un error” y tomaron una decisión “antidemocrática” al haber querido frenar temporalmente el proceso de revocación.
Por otro lado, la denuncia interpuesta contra Santiago Nieto se dio a conocer a través de una filtración que llegó a la prensa el 6 de diciembre. El periódico Reforma publicó que existía una denuncia anónima presentada ante la Oficialía de Partes de la FGR con fecha de 2 de diciembre en la que se señalaba al exfuncionario de un presunto enriquecimiento inexplicable.
De acuerdo con la información filtrada, presumiblemente desde la propia Fiscalía, se acusó a Nieto de adquirir cuatro propiedades un vehículo de lujo por un valor en conjunto superior a los 40 millones de pesos, durante los 25 meses que se desempeñó como titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En respuesta a esta información Santiago Nieto dijo que las propiedades que adquirió fueron a crédito en conjunto con su esposa, la consejera del INE Carla Humphrey, y que todo estaba debidamente declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). “No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas no mi patrimonio”, sostuvo en su cuenta de Twitter.
Todo el caso se dio a conocer un mes después de que Nieto presentara su renuncia ante la UIF tras la polémica que se generó su boda en Guatemala a la que asistieron varios funcionarios y exfuncionarios. Entre esos invitados estuvo la ahora exsecretaria de Turismo Paola Lara, quien tuvo que renunciar tras revelarse que viajó en un avión privado en el que además se identificaron varios miles de dólares sin declarar.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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