Cambio irregular de uso de suelo, derrames de residuos peligrosos, daños al medio ambiente por explotación minera, descargas de aguas residuales son algunos de los delitos ambientales en los que incurrieron 28 empresas privadas y una pública, así como dos secretarías (de Tamaulipas y Querétaro) y tres particulares, releva la Profepa. En total, da cuenta de 37 casos ocurridos en tres años y que afectaron a 17 entidades del país.
De acuerdo con la autoridad, la industria más contaminante es la minería, seguida del sector turístico. En respuesta a la solicitud de información 1613100040021, la Profepa dio a este semanario un listado total de 37 delitos ambientales cometidos del 1 de diciembre de 2018 al 6 de abril de 2021. Además de las irregularidades de dichas compañías privadas (31), se identificó una de la Comisión Federal de Electricidad, dos de secretarías estatales (en Querétaro y Tamaulipas) y tres casos contra “quien resulte responsable”.
Las afectaciones se registran en 17 estados del país: Campeche, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Los daños van desde el “cambio de uso de suelo en áreas forestales y descargas de aguas residuales a los cuerpos de aguas nacionales”, por parte del criadero de cerdos Grupo Porcícola Mexicano, SA de CV, en la población maya de Kinchil, Yucatán; hasta los daños al ambiente por actividades de exploración, explotación y beneficio de manganeso de la Compañía Minera Autlán, SAB de CV, en el municipio de Lolotla, Hidalgo.
Los estados con más casos
La información revela que Colima es la entidad donde más delitos se registran con: obras y actividades en áreas naturales protegidas en el Parque Nacional Revillagigedo, de la industria pesquera de SCPP Sucett, S de RL de CV –empresa camaronera con sede en Sinaloa–, Royal Polaris Sport Fishing, INC –dedicada al deporte de pesca y la captura de atún–, y la “embarcación de un particular” del que no detalla su información.
La minera RM Pacific Group, SA de CV, tiene dos registros en Manzanillo con el cambio de uso de suelo de áreas forestales. De esta compañía, la Red Mexicana de Afectados por la Minería da cuenta que los pobladores de Canoas, El Ciruelito, Cedros, Huizcolote, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho se oponen a su proyecto minero desde 2013, por las afectaciones en sus ejidos, así como en los bosques y manantiales de la región.
En este mismo municipio, la generación de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad, de la Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, ha ocasionado el “derrame de residuos peligrosos en el ecosistema lagunar”, reporta Profepa. El 28 de enero de 2018, la Procuraduría Ambiental multó por 1 millón 132 mil 350 pesos a la empresa estatal por incumplir con la legislación ambiental vigente.
La empresa Pinfra, dedicada a la infraestructura urbana, también cuenta con dos registros de impactos ambientales en el municipio de Armería por “desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros”. De acuerdo con su portal, la compañía “se ha centrado en la construcción, operación, mantenimiento, financiamiento y promoción de proyectos carreteros y portuarios, así como en la producción de mezclas asfálticas en sus distintas plantas”.
El doctor Carlos Héctor Ávila Bello, profesor-investigador de la Universidad Veracruzana con experiencia en investigación y trabajo con pueblos originarios, explica que la mayoría de los delitos están originados en “un entendimiento no adecuado de lo que es el desarrollo, debería discutirse desde hace tiempo qué debemos buscar: desarrollo, que fue una palabra impuesta desde Estados Unidos, o el bienestar de la población”. En ese sentido, las acciones que se deben llevar a cabo para el aprovechamiento de la naturaleza deberían ser de otro tipo, pero nos ganan los tiempos políticos y los tratados de libre comercio, por ahí es un poco el problema.
El segundo estado con más delitos ambientales es Quintana Roo, por el sector turístico. El reporte exhibe a la compañía Villas Solaris, S de RL –un lujoso complejo de hoteles– en Benito Juárez, localidad de Cancún, por “desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros”.
Mientras, en Puerto Morelos, la empresa Terrenos y Construcciones del Puerto SA de CV –encargado de la construcción del hotel de lujo El Cid–; así como el Banco Actinver, SA, que en la comunidad Chemuyil realizó el “cambio de uso de suelo en áreas forestales”
La Profepa también enlista faltas en Cozumel y la comunidad de Holbox, por el “cambio de uso de suelo en áreas forestales, contra quien resulte responsable”. Mientras que en Benito Juárez, esta misma situación se da por “desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros”.
Para el doctor Ávila Bello, se debe replantearse cómo hacer turismo desde las comunidades. El problema, comenta, tiene su origen en quiénes toman las decisiones y a favor de quienes, perjudicando a otras personas que son en general los pueblos indígenas que no se les toma en consideración.
La industria minera contaminante
Del documento entregado por el organismo encargado del la inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes para la protección ambiental se desprende que la minería es la industria que más delitos ambientales ha cometido en los últimos tres años, con 10 de los 37 casos.
La información señala a las compañías Minera Autlán, SAB de CV – propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo del empresario Germán Larrea Mota Velasco–, en Lolotla, Hidalgo, por “daños al ambiente por actividades de exploración, explotación y beneficio de manganeso”.
En ese mismo estado, la Compañía Minera El Espíritu, S de RL de CV, en Zimapán, Daños al ambiente por actividades de exploración, explotación y beneficio de zinc y plomo.
Jalisco tiene daños por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada–dedicada a la exploración, extracción, beneficio y comercialización de hierro–, que en la comunidad indígena de Ayotitlán –nahuas y otomíes–, por la “destrucción de cause y arbolado de la región”.
De origen canadiense, la Compañía Minera Mexicana de Avino, SA de CV, en el municipio de Panuco de Coronado, en Durango, por “obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrio ecológico”, esta extrae cobre, oro, plata y plomo de la zona. En la misma entidad y bajo el mismo daño está Exportaciones de Minerales de Topia, SA de CV, pero en el municipio de Canelas.
La Minera San Xavier, SA de CV, ha impactado en la desaparición del Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, por “actividades mineras que afectan al ambiente”. Esta compañía fue beneficiada por la administración de Vicente Fox Quesada y del entonces gobernador Marcelo de los Santos (inhabilitado en 2013 por 20 años para ocupar cargos públicos).
Mientras que en Guaymas, Sonora, la Unidad Terminal Marítima Guaymas de Mexicana de Cobre, SA de CV, por “obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales”. El 20 de julio de 2019, el gobierno de México anunciaba la clausura parcial de las obras y actividades de esta empresa por “derrame de ácido sulfúrico”. Además de la ya mencionada RM Pacific Group, SA de CV, en Manzanillo, Colima, que ha hecho “el cambio de uso de suelo de áreas forestales”.
Jorge Villarreal, miembro fundador de la Iniciativa Climática de México (ICM), comenta que los delitos ambientales contribuyen a la crisis que ya se vive por el cambio climático, relacionada con una agenda ambiental, pero también social.
El politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en política y gestión energética y medio ambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México critica que el modelo de desarrollo que prevalece es el que evidentemente ha explotado los recursos naturales, pero con un alto costo social en la mayor parte de los territorios. Por ello, advierte que se requiere transitar de manera urgente hacia un nuevo paradigma de bajo carbono que atienda la crisis climática de forma efectiva.
Añade que “esta es una oportunidad para poder identificar las formas de relacionarnos, no solamente con nuestro entorno sino también con los diversos procesos para atender las causas y las consecuencias en materia de cambio climático; es decir, las acciones de mitigación y de adaptación con una relación distinta con la gente, atendiendo paralelamente las inequidades existentes que ya hay en nuestro país”.
Delitos en comunidades indígenas
La comunidad maya del municipio de Kinchil, en Yucatán, ha sido afectada por la crianza de cerdos que lleva cabo el Grupo Porcícola Mexicano, SA de CV, como consecuencia del “cambio de uso de suelo en áreas forestales y descargas de aguas residuales a los cuerpos de aguas nacionales”. En 2015, el municipio ocupó el lugar 59 de 106 municipios en la escala estatal de rezago social, según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, que es el más reciente.
El análisis ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán?, elaborado por la organización ambientalista Greenpeace México, señala que “las granjas porcícolas industriales emiten malos olores y ruido, y repercuten en la disminución de la biodiversidad. Asimismo, los sistemas de alimentación basados en granos y oleaginosas (que a su vez erosionan el suelo por la demanda de agroquímicos necesarios para su producción), la genética prácticamente uniforme en todo el planeta y el empleo de grandes cantidades de agua hacen de la porcicultura una actividad que atenta contra el bienestar de los animales, el ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades cercanas, además de potenciar los efectos negativos producto del cambio climático. En adición, estos sistemas de producción industrial estimulan la concentración del ingreso en unos cuantos y desalientan la generación de empleos por su reducida demanda de mano de obra”.
Los kobanaros y los pueblos indígenas mayos de El Fuerte, en Sinaloa, se han visto perjudicados por los trabajos de infraestructura urbana de la Constructora y Arrendador López, SA de CV, que realiza “obras y actividades en áreas naturales protegidas”.
En Huixquilucan, Estado de México, las comunidades nahuas de Oyotuxco, Yamasula, Quixtengo, Huiloteapan, los pueblos de San Francisco, Santa Cruz, San Francisco Xochicuatla han sido afectadas por Autovan, por la “tala inmoderada y afectación a las reservas de agua de manantiales”.
Los estados en donde la Profepa no tuvo registro de delitos ambientales en el último trienio son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
De las dependencias públicas, la Profepa da cuenta que en Soto la Marina, Tamaulipas, la Secretaría de Obras Públicas estatal ocasionó “afectaciones en Zona Federal Marítimo Terrestre” por trabajos de construcción. Mientras que en San Juan del Río, Querétaro, las tareas de infraestructura urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ocasionaron daños ambientales por “obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal”.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en su artículo 182, establece dos caminos para iniciar una acción penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Segundo, cuando cualquier persona presente directamente una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público Federal.
AUTOR: ÉRIKA RAMÍREZ.
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