Por medio de un comunicado, la Red –con al menos 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos medioambientales y de las mujeres– se pronunció ante la intención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de desaparecer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
En el comunicado, firmado por mil 717 personas (la mayoría mujeres feministas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, academia y sindicatos), se propuso abrir una discusión nacional con participación amplia para fortalecer las instituciones ambientales y no desaparecerlas.
La Red también señaló la necesidad de avanzar en los marcos legislativos y programáticos orientados a cumplir los Derechos Humanos al agua y al saneamiento, y a un ambiente sano; así como los compromisos nacionales ante el cambio climático.
Asimismo se exigió el respeto y reconocimiento al derecho de las diversas organizaciones a opinar y promover acciones sobre los problemas nacionales, en especial los ambientales y por la igualdad de género.
“Nuestra preocupación central por alcanzar una relación armónica entre la sociedad y su entorno natural, a la vez que se procura la erradicación de las desigualdades sociales y de género, ha partido de la convicción de que no habrá un presente y un futuro de paz y justicia si se continúa socavando la base natural de nuestra existencia y si se incrementa la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la discriminación a las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las y los pobres rurales y urbanos”, alertó la Red.
Esta organización recordó que la creación de una institucionalidad para hacer frente al deterioro ambiental, al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, a la desertificación y muchos otros temas socioambientales, no surgió por el voluntarismo de un gobierno o gobernante, sino que fue resultado de muchas voces que llamaron la atención y colocaron en la agenda pública estos problemas. “La creación de programas e instituciones para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres ha sido también producto de luchas históricas de los movimientos de las mujeres, incluyendo organizaciones campesinas, urbanas, sindicales y ambientales”.
“Es por ello que no podemos estar de acuerdo en que se desmonten estas instituciones en aras de una austeridad mal entendida que, hoy como ayer, recaerá en las espaldas de las mujeres y hombres más desfavorecidos del país. Reivindicamos nuestro derecho a expresar nuestras opiniones, a fundamentar nuestras ideas y a hacer propuestas para preservar y defender lo que hemos logrado”, expresó la Red.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Oxfam, las mujeres representan el 20 por ciento de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe, sin embargo, menos del 12 por ciento se beneficia de los procesos de reforma agraria y los subsidios estatales, y 14.5 por ciento recibe los servicios de extensión agrícola. Además de acceder a menos servicios de extensión, sus rendimientos productivos son en promedio un 25 por ciento más bajos que los de los hombres, en parte debido a tierras de menor calidad. Además, debido a que carecen de documentos de tenencia de la tierra, que se consideran garantía y requisito en los procesos legales y crediticios, es difícil para las mujeres acceder a préstamos bancarios, lo que inhibe aún más su capacidad para invertir en recursos productivos.
Por otro lado, la inseguridad alimentaria también estadísticamente afecta más a las mujeres que a los hombres. En la región de AL, 8.4 por ciento de las mujeres se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, en comparación con 6.9 por ciento de los hombres. Esto se traduce en unas 19.2 millones de mujeres, frente a 15.1 millones de hombres.
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