En México al menos 3 de cada diez personas privadas de la libertad fue víctima de actos de corrupción en alguna de las etapas de su proceso penal, desde la detención hasta su encarcelamientos. En los centros penitenciarios, la corrupción creció al pasar de un 10 por ciento en 2016 a un 17 por ciento en 2017.
Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista sólo en el papel, ya que, en la ley establece que las personas detenidas tienen derechos, sin embargo, en la practica de la política criminal las personas, sin importar si son culpables o no son torturadas.
“Es una radiografía de cómo funciona el sistema de impartición de justicia en México, en el sentido que nos pinta de cuerpo completo una realidad: que nuestra política criminal no es una política de justicia sino una política de venganza”, expresó el experto en entrevista con SinEmbargo.
En tanto que el derecho de las personas a una justicia pronta y expedita es otro aspecto que la encuesta ENPOL, dijo el experto, demuestra que es sólo teoría porque en la practica muchas de las personas privadas de la libertad pueden pasar años en la cárcel sin una sentencia. En ese sentido, la corrupción ha sido un mecanismo que se usa para saltarse las trabas burocráticas.
CORRUPCIÓN CARCELARIA
En México al menos 3 de cada diez personas privadas de la libertad fue víctima de actos de corrupción en las etapas de su proceso penal, desde la detención hasta su encarcelamientos. En los centros penitenciarios, la corrupción creció al pasar de un 10 por ciento en 2016 a un 17 por ciento en este año.
La encuesta señala que del total de personas procesadas, al menos el 16.4 fue víctima de actos de corrupción durante su detención, el 14.7 por ciento cuando fue presentada ante el Ministerio Público; el 6.2 por ciento durante su proceso judicial y 17.2 por ciento en el centro penitenciario.
La corrupción dentro de los centros penitenciarios creció en cinco años; en el 2016, de acuerdo a la ENPOL de ese año, al menos un 10.8 por ciento de las personas que estaban en prisiones fueron víctima de corrupción, en tanto que para este 2021, el porcentaje creció a 17.2.
“En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento”, compartió el Inegi.
El estudio también apunta que más de la mitad de las personas en prisiones han pagado para recibir servicios, bienes, beneficios o permisos donde a menos el 55 .3 por ciento pagó por el pase de lista, el 43.2 por ciento para tener aparatos eléctricos; un 34 por ciento pagó para cambiar de celda, el 31.9 por ciento para tener agua potable, el 18 por ciento para acceder a servicios médicos y usar baños y un 8.4 pagó por protección.
En tanto que, de acuerdo con el estudio, al menos un 24 por ciento pagaron para tener teléfono y un 18 por ciento para tener otro tipo de dispositivos de comunicación.
La mayoría de los pagos ilegales (el 88.9 por ciento) para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior de los centros penitenciarios fueron entregados a los personas de custodia, añade el estudio.
Sobre ese tema, también se revela que del total de las personas internas que pagaron, el 96.4 por ciento, no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.
El 33.6 por ciento no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común, el 29.9 por ciento por miedo a represalias; el 15.9 por ciento porque considera que sería inútil y un 14.2 por ciento porque obtuvo un beneficio a cambio del pago.
En los resultados de la encuesta también se refleja que el 27.8 por ciento de los reos está en proceso de recibir sentencia y de ese porcentaje un 39.2 por ciento lleva dos años o más dentro de un centro penitenciario.
De las personas que sí recibieron sentencia, el 32.7 por ciento fue condenada por robo, un 29.8 por ciento fue condenada por homicidio y un 12.2 por ciento por secuestro.
TORTURA, UN ABUSO GENERALIZADO
La tortura en México persiste y de acuerdo a los datos del Inegi es muy común, desde el momento de la detención hasta la vida carcelería. De acuerdo con la encuesta, de las más de 220 mil 500 personas que están las cárceles (94.3 por ciento hombres y 5.7 por ciento de mujeres) casi la mitad (48.6 por ciento) recibió agresiones físicas en el momento de su detención.
El 38.4 por ciento de quienes sufrieron agresiones físicas detalló que recibió “patadas o puñetazos” por parte de la autoridad que lo detuvo, mientras que el 23 por ciento mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
“En un país con tantas leyes con tantos procedimientos y con un sistema penal tan engorroso, en muchas ocasiones, la corrupción es una de las formas para salvarse de esas trabas”, expresó Hernández quien se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
El doctor Victor Hernández destacó que lo revelado en este apartado de violencia física y psicológica que hay en las prisiones es un tema que debe de levantar las alertas.
“Hay un altísimo porcentaje de detenidos que reportan muy diversas formas de abuso sexual, agresiones físicas y en este punto siempre suele haber opiniones encontradas en la población mexicana, hay quienes defienden este tipo de prácticas bajo la lógica de que son ‘delincuentes’ y que ellos se lo buscaron, pero también la propia encuesta nos refleja que muchos de estos presos fueron obligados a declararse culpables.
En México la tortura es una grave violación de derechos humanos que se mantiene impune.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto al menos 1 mil 259 denuncias por presuntos actos de tortura, de las cuales, sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria, según consigna el informe México: La tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tras una misión virtual de seguimiento realidad del 4 al 11 de febrero de 2021.
El documento también destaca que la FGR recibió al menos 522 denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por agentes federales en los primeros 18 meses del actual sexenio. En el ámbito local, tan sólo en el año 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
De las 222 mil 018 personas privadas de libertad en prisiones mexicanas, 126 mil 799 cuentan con sentencias condenatorias; es decir, el 57.1 por ciento. Mientras que 95 mil 219 presos tienen la calidad de procesados y están en espera de su sentencia, lo que representa el 42.9 por ciento en esa fase de prisión preventiva que les mantiene encarcelados, a pesar de que el veredicto final de un juez pudiese declararles inocentes de la imputación.
De los internos sentenciados, 111 mil 224 lo fueron por su responsabilidad en la comisión de delitos del fuero común y 15 mil 575 por ilícitos del ámbito federal. Además, hay 82 mil 356 reclusos que aguardan sentencia por delitos del fuero local y otros 12 mil 863 por su presunta participación en conductas sancionadas por el Código Penal federal.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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