En su informe “Desaparición de mujeres y niñas en México”, presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su reciente visita a México, en el mes de noviembre, el IMDHD analizó los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 2018, 2019 y 2020 y documentó que en cada año se registraron mil 677, mil 865 y 2 mil 217 Mujeres Desaparecidas y No Localizadas, respectivamente.
Por número de casos, tan sólo en 2020 la Ciudad de México (276), el Estado de México (251) y Jalisco (237) encabezaron la lista de entidades con más desapariciones de mujeres y niñas.
En su informe, el IMDHD agregó que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres y la Comisión Nacional de Búsqueda aseguran que 1 de cada 4 personas desaparecidas es mujer, y que en el caso de las personas desaparecidas menores de 18 años, este porcentaje aumenta a más de la mitad.
No obstante, en su informe la organización expuso que persisten falencias para la búsqueda, investigación, sanción y reparación integral, con perspectiva de género, y de derechos de la niñez, ya que las mujeres víctimas de desaparición siguen siendo estigmatizadas, criminalizadas y, su búsqueda e investigación, sigue sin incorporar ejes causales con perspectiva de género, como las diversas formas de violencia y los delitos sexuales de los que son víctimas.
Estados registran desapariciones de mujeres
Para este informe, el IMDHD analizó las solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Veracruz y Guerrero.
En la Ciudad de México se encontró que en promedio se presenta una desaparición cada día y los casos de las adolescentes entre 15 y 17 años de edad están relacionados con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. La organización identificó que existe una “clara incertidumbre” sobre el número de mujeres desaparecidas y que las autoridades actúan con omisión al no realizar investigaciones efectivas ni proporcionar información del paradero de las mujeres.
En Colima, entidad donde algunos colectivos como la Red de Desaparecidos asegura que la desaparición de mujeres está vinculada con la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa por el puerto de Manzanillo, se observó una ausencia de medidas estatales efectivas ante la desaparición y posterior muerte de las víctimas. Esta situación estuvo ligada a un patrón sistemático de omisiones e irregularidades en casos de violencia contra las mujeres.
Además, los casos de desaparición de mujeres documentados por la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, nunca fueron tratados como prioritarios o contaron con los recursos mínimos necesarios para lograr el esclarecimiento de los asesinatos y la identificación y sanción de los responsables.
En el estado de Nuevo León, donde la Fiscalía Especializada en Personas desaparecidas registró 607 mujeres desaparecidas entre enero y agosto de 2020, la mayoría menores de edad, la organización observó una conexión entre la desaparición de niñas y adolescentes y la trata de personas con fines de explotación sexual, algo que debe ser tomado en cuenta por las autoridades.
En Veracruz, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres documentó un total de 307 desapariciones de mujeres en el primer semestre de 2021; 21 de ellas en municipios indígenas, mientras que en el primer semestre de 2017 los medios de comunicación locales reportaron que 134 mujeres; para 2018, en el mismo periodo, hubo 135 desaparecidas; en 2019 hubo 132; y en 2020 se registraron 137 desapariciones. “La situación rebasa por mucho lo documentado en años anteriores”, detalló el IMDHD.
En Guerrero, por otra parte, se destacó que la desaparición de mujeres y niñas forma parte de la violencia feminicida, la cual está frecuentemente acompañada de lesiones de diferente clase, severidad e impacto en la vida de las víctimas. De igual forma, la violencia feminicida es un antecedente, y un factor generador, de distintas conductas violentas contra mujeres y niñas como la violencia física, psicológica, sexual, las desapariciones, la trata de personas, etcétera.
De acuerdo con esta organización, uno de los principales obstáculos en la búsqueda de personas desaparecidas es la Declaración Especial de Ausencia (DEAPD), un documento establecido en la Ley General en Materia de Desaparición pero su falta de implementación, de difusión, de falta de asesoría legal para las familias y en algunos casos la falta de utilidad son un obstáculo en la búsqueda y localización de las personas.
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