La ausencia de evidencia bancaria que sustente las imputaciones de fraude, sumado a varios retrasos por la pandemia sanitaria, han complicado la posible extradición de Karime Macías del Reino Unido a México y, con ello, el arranque del proceso penal en su contra por los pagos que el DIF de Veracruz realizó a una amplia red de empresas fantasma.
Mientras tanto, el destino de los más de 400 millones de pesos que fueron desviados con ese mecanismo sigue sin ser esclarecido y el caso permanece impune.