La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que nueve exfuncionarios comandaban una organización criminal adentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), por lo que podrían alcanzar una condena de hasta 82 años y medio de prisión por los delitos a los que se les acusa, según reveló el periódico Reforma.

De acuerdo con el reportero Abel Barajas del medio de circulación nacional, los señalados como presuntos líderes de esta “organización criminal” son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formuló ante la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda en contra de 20 personas morales y 19 personas físicas que, “bajo la dirección” de José Ricardo Gallardo Cardona y de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, “ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos” de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, dio a conocer el periodista de La Jornada, Julio Hernández López.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de trabajos de investigación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejecutó orden de aprehensión en contra de dos exmandos policiales, probablemente relacionados con los hechos ocurridos en Asunción , Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

El pasado 25 de septiembre, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FECOR, les imputó su probable responsabilidad por seis homicidios y 28 lesionados a los exmandos policiacos Juan “P” y Carlos “G”, en relación al operativo realizado para la liberación de las carreteras federales ubicadas en Asunción Nochixtlán, informó la FGR en un comunicado.

Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.

Este domingo se cumplen siete años de la desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero sin que hasta el momento se tenga certeza del paradero de los normalistas.

El pasado viernes, familiares de los estudiantes desparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro al que asistió el fiscal Alejandro Gertz Manero, reclamaron la falta de avances de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.

“Para el gobierno hay avances. Pero para nosotros, como padres y madres, no los hay porque a siete años seguimos sin saber el paradero de nuestros hijos. Necesitamos respuestas”.

Las insuficiencias en las investigaciones de violencia feminicida en México son una constante, y aunque no hay entidad que esté exenta de esto, el Estado de México registra las mayores fallas en la materia con el constante extravío de evidencia, falta de análisis de otras posibles líneas de investigación y carencia de perspectiva de género en sus procedimientos, señala Amnistía Internacional. 

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas aclaró que la orden para reponer el proceso penal por el que Jorge Fernández fue sentenciado a 47 años de cárcel por el feminicidio de su esposa, la española Pilar Garrido, en julio de 2017, no implica la absolución del imputado ni su libertad.

En un comunicado precisó que la decisión del Tribunal “tiene como finalidad que se verifique que las personas que asistieron al quejoso en la audiencia de juicio oral son profesionales en derecho”.

No fueron siete, sino dos veces más: en la madrugada de este sábado, 14 soldados mexicanos fueron bajados de los dos vehículos en que circulaban, detenidos, desarmados, esposados y registrados durante varias horas por agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense (CBP) en el cruce terrestre que separa Ciudad Juárez y El Paso, en Texas.

Aparte, uno de ellos fue retenido y castigado con una sanción civil, pues los agentes aduanales estadunidenses encontraron que el uniformado traía un poco de mariguana consigo.

En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.