En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes pidieron también la reparación integral a las familias de las víctimas y las garantías de no repetición.
El 22 de enero de 2021, en el kilómetro 25+700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra, fueron halladas dos camionetas con los 19 cuerpos calcinados, sin que hasta ahora la Fiscalía del Estado de Tamaulipas haya esclarecido cabalmente estos crímenes, pese a la detención e imputación de varios policías, y sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya actuado para desarticular las redes criminales detrás de estos hechos, señalan.
Los migrantes guatemaltecos querían llegar a Estados Unidos y arriesgaron todo para cambiar el futuro de sus seres queridos, dicen, pero en su intento fueron perseguidos y asesinados.
Son 365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño, agregan en el comunicado.
Destacan que hasta ahora no se sabe si los 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre.
Los policías están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
La audiencia intermedia contra los 12 policías estaba programada para el 8 de diciembre de 2021, pero el juez la aplazó, ya que varios de los abogados defensores no habían tenido acceso a algunos videos que la Fiscalía de Tamaulipas considera pruebas de su responsabilidad. La nueva fecha se fijo para este 22 de enero, pero bajo el mismo argumento se aplazó de nuevo. fue el mismo, ya que uno de los abogados dijo no haber podido visualizar las imágenes. La nueva cita para la audiencia será el próximo 3 de febrero.
“En Tamaulipas, han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México en contra de personas migrantes, sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy”, señalan los activistas en su comunicado.
Denuncian que la falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando (2010), las Fosas Clandestinas con los restos de 195 personas (2011), el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta (en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, 2012), la ejecución de 13 personas migrantes en Güémez (2014) y ahora Camargo.
“En los últimos años, los homicidios en Tamaulipas se sextuplicaron, al pasar de 193 en 2007 a mil 145 entre enero y noviembre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
A un año de la masacre de Camargo, Tamaulipas, las familias de las víctimas siguen esperando verdad, jusiticia y reparación #CamargoUnAñoSinJusticia pic.twitter.com/Kj60koNJhp
— Fundación Justicia (@FJEDD) January 22, 2022
La Masacre de Camargo
El hallazgo de los cuerpos fue hecho por policías estatales el 23 de enero de 2021, estaban en una Chevrolet Silverado y una Toyota Sequoya, que habían recibido 113 impactos de bala. Los hechos habrían ocurrido un día antes, según lo manifestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Días después, el 2 de febrero, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que habían detenido a 12 policías estatales; 10 de ellos exintegrantes del grupo especial denominado Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), grupo vinculado a asesinatos de civiles en 2019 y 2020, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
Después de una lucha jurídica, la Fundación para la Justicia (FJEDD) y otras organizaciones lograron que la Unidad de Migrantes de la FGR abriera una investigación sobre hechos de su competencia en marzo de ese año.
“Con mucho pesar, vemos que algunas de las violaciones e irregularidades cometidas en masacres anteriores se repiten en el caso de la masacre de Camargo, entre las que se destacan: investigaciones fraccionadas entre el fuero local y federal, lo que abona a la impunidad y a no mirar el caso en su integralidad; sin lógica de macrocriminalidad transnacional, que lleve a la articulación entre las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos; no considerar el contexto en el que se han dado las otras masacres; no integrar a las víctimas al proceso; no investigar de manera efectiva a los agentes del estado involucrados, incluyendo a integrantes del Instituto Nacional de Migración; las víctimas no han recibido un apoyo integral por parte, ni de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) ni de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas”, enumeran.
En México, dicen, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, mientras que las víctimas y sus familias luchan en la oscuridad por alcanzar la justicia por años.
Hoy se cumple un año del hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo Tamaulipas, 16 eran migrantes guatemaltecos. Las familias solo han recibido los cuerpos de sus fallecidos, hasta hoy no ha habido justicia, ni reparación para las víctimas ni en #México, ni en #Guatemala. pic.twitter.com/uThFi1mE01
— Sonia Pérez D. 💚 (@lanegrisgt) January 21, 2022
Para evitar que este caso también impere la impunidad, los defensores hicieron una serie de recomendaciones a las instancias involucradas en la investigación.
A la Fiscalía de Tamaulipas y a la FGR, solicitaron que se investigue la masacre bajo un enfoque de macrocriminalidad, que no se fraccione la investigación; a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances; a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas, que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de los familiares de las víctimas; a la CNDH, emitir una recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/Q3, a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron; a la República de Guatemala, mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados.
“Para evitar que tragedias de esta magnitud sigan ocurriendo, es indispensable que las autoridades esclarezcan con prontitud y certeza lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, afirman. “Además, como una garantía de no repetición, es urgente que el Gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual, pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos”.
En el primer aniversario de la masacre, las familias de las víctimas se reunieron en Comitancillo, Guatemala, de donde era la mayoría de estos 19 migrantes que hallaron la muerte en Tamaulipas. En ese municipio, realizaron una misa en su memoria e inauguraron un mural, con con la historia de cada una de las víctimas: la vida que dejaron en Guatemala, los sueños que perseguían en Estados Unidos… la falta de justicia con que se toparon en México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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