En su presunción omiten que Rojo Valencia dedicó su vida adulta a defender la tierra y el agua, y por lo mismo durante la última década se mantuvo firme en la lucha en contra de la construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia, con el que se despoja a la tribu de las aguas del Río Yaqui.
Tomás Rojo nunca se opuso al proyecto justiciero del presidente López Obrador para llevarle beneficios a la etnia, pero hasta el último momento de su vida advirtió el peligro de que esas promesas de respaldo fueran aprovechadas como instrumento de intercambio para que la tribu consintiera el hurto del agua con el acueducto.
Como la suspicacia del dirigente indígena lo advirtió, los beneficios ofrecidos por el Plan de Justicia para los ocho pueblos de la Tribu Yaqui, que se asientan en la planicie del sur de Sonora, al lado de la emblemática Sierra del Bacatete, son la proverbial manzana envenenada.
Llevan consigo la franca intención de que la comunidad indígena acepte la imposición de la operación ilegal del Acueducto Independencia a cambio de los apoyos económicos y las obras que el plan presidencial se propone.
Los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, encargados por el presidente para instrumentar el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, no se han reservado ni un gramo de vergüenza en la tarea de usar los apoyos presidenciales a cambio de la petición explícita a las autoridades tradicionales de la tribu de que consientan la imposición del acueducto.
El acueducto, construido durante el gobierno de Guillermo Padrés, gozando siempre con la complicidad de CONAGUA, se hizo en desacato a disposiciones judiciales y ambientales y en obediencia a los criterios neoliberales que durante las últimas tres décadas han normado el manejo del agua en el país.
La obra se mantiene operando en la ilegalidad y demanda cientos de millones de metros cúbicos de almacenamiento en el sitio del Novillo, (presa ubicada en la parte media de la Cuenca del Río Yaqui) donde se instaló la boca toma del tubo de la obra con capacidad para trasvasar grandes volúmenes de agua hacia la ciudad de Hermosillo, en atención a los voraces y ambiciosos negocios inmobiliarios que se han concitado en la capital del estado. Esto sin importarles las afectaciones que la retención y el trasvase ocasionan a la tribu yaqui y a las actividades productivas – principalmente la producción de granos básicos- que se realiza en el Valle del Yaqui, situado en la parte baja de la cuenca.
La larga e histórica resistencia de la tribu, no la hace fácil presa del engaño. El 4 de enero de este año, las autoridades religiosas de los pueblos yaquis y la tropa yoreme, denuncian en un desplegado aparecido en los medios regionales, las maniobras del INPI y sus directivos. Los acusan de utilizar métodos discriminatorios, hostigamiento, abuso de poder y mala fe; además de fomentar la corrupción, la división, la mentira, el miedo, el odio y el desequilibrio en la vida interna de la comunidad indígena. Sostienen que los directivos del organismo hacen todo esto porque la mayoría de los integrantes de la nación yaqui se mantienen en pie de lucha por la defensa del territorio y el agua, y exigen la cancelación del Acueducto Independencia.
En un desplante de hipocresía sin límites, los directivos del INPI lanzaron una pirueta de tres vueltas en el aire, y le ofrecen a la tribu la entrega del Distrito de Riego 018 con la oferta de un volumen de agua mayor que la contemplada en el decreto de Lázaro Cárdenas. Les aseguran más de seiscientos millones de metros cúbicos, volumen de agua que solo se puede disponer en palabras porque la Cuenca del Río Yaqui ya está técnicamente en una situación deficitaria (desde el 2006) que se profundiza con la indebida operación del acueducto.
Los yaquis captaron la trampa de que el decreto de asignación nominal de mayores volúmenes de agua, firmado por López Obrador, en realidad pretende invalidar la resolución presidencial de Lázaro Cárdenas que en todo momento y circunstancia les garantiza el 50 por ciento de los almacenamientos de la Presa la Angostura, el primer aprovechamiento construido en la parte alta de la Cuenca del Río Yaqui. Bajo esa consideración, autoridades religiosas e integrantes de la etnia han logrado un amparo en contra del decreto que crea el Distrito de Riego 018 al considerarlo “lesivo, ya que está plagado de errores técnicos y jurídicos, y es un peligro para los indígenas de la nación yaqui, porque pone en grave riesgo el patrimonio y la autonomía de la tribu y el futuro de nuestros hijos”.
La reacción de las autoridades del INPI a estas acciones legales fue auspiciar una operación dentro de la tribu para perseguir a los yaquis y autoridades tradicionales que se oponen y piden la cancelación de la operación del Acueducto Independencia. Este martes 11 de enero fueron golpeados y detenidos en forma arbitraria, por hombres armados, tres integrantes de la etnia que forman parte del gobierno interno, entre ellos Juan Pedro Maldonado, secretario del Pueblo de Hurivis. Los mantienen en cautiverio en uno de los pueblos yaquis bajo la promesa de que serán liberados cuando firmen su desistimiento a la lucha en contra del acueducto.
La situación es muy tensa y en los próximos días podrían escalar los niveles de violencia con consecuencias fatales, si las autoridades estatales y federales no intervienen para que se respeten los derechos de los yaquis a la defensa de su tierra y sus recursos naturales.
Finalmente, en el desplegado, los yaquis le hacen sentir al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la justicia a la tribu empieza ordenando la inmediata cancelación de la operación del Acueducto Independencia, tal y como se lo hizo ver el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el 28 de septiembre del 2021 en el poblado de Vícam, en el contexto de la ceremonia de perdón a los pueblos indígenas.
AUTOR: REDACCIÓN/ALBERTO VIZCARRA OZUNA.
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