La obra conecta Ciudad del Carmen con Isla Aguada y es considerado el quinto más largo de América Latina y el segundo más largo de México, sólo superado por El Baluarte, en los límites de Durango y Sinaloa.
“Éste es un gran puente, es palabra cumplida. A Carmen y a Campeche se le cumple porque se le cumple”, expresó Moreno Cárdenas satisfecho, frente a la tanda de aplausos de los asistentes, tres días antes de dejar el cargo para buscar la dirigencia nacional del PRI.
A dos años, el megaproyecto es objeto de una serie de procedimientos legales, paradójicamente por incumplimiento: el consorcio que realizó el puente, integrado por ICA, Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, reclama un adeudo de 109 millones de pesos que se suponían garantizados con la asignación de los 250 millones de pesos del presupuesto federal.
La cantidad fue referida, inclusive, por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en aquel acto de junio de 2019, cuando en su intervención recordó que ahí, parado sobre la obra en desarrollo, López Obrador se había comprometido, el 14 de abril de ese mismo año, a la entrega de esos recursos.
El funcionario reconoció en el acto inaugural el trabajo de las empresas “por esta extraordinaria obra y porque se comprometieron con el ciudadano presidente, aquí mismo sobre este puente, a terminar en tiempo y forma”. Nueva tanda de aplausos.
El compromiso presidencial de enviar los recursos al gobierno de Campeche se concretó apenas dos semanas después de la gira de abril de 2019. El 2 de mayo de ese año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio de subsidio entre el gobierno federal y el campechano, cuyo objetivo único era la terminación del puente.
En el convenio, el gobierno de Campeche se comprometió a entregar a más tardar el último día de febrero de 2020 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de recursos ejercido, el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto y las metas de indicadores de desempeño alcanzados. Pero no lo hizo.
Apenas se publicó el convenio y se hizo la asignación presupuestal, el gobierno estatal inició una serie de maniobras para recalcular los costos, determinó la reducción del monto y sus respectivos convenios vía un convenio modificatorio que decidió de manera unilateral.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2358 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario