Sin embargo, a la fecha no se han publicado las reglas de operación del beneficio, lo cual prolonga su estancia en prisión, que ya suma 12 años.
La mujer solicitó al Centro Prodh que le ayudara a adherirse a este beneficio, así que tras la publicación del acuerdo presidencial y posteriormente los lineamientos, se ingresó la solicitud el 15 de octubre.
El pasado 4 de enero recibieron la primera respuesta a través de un correo electrónico, en esta se les informó que el análisis jurídico del caso solo podría realizarse hasta que las reglas de operación de las preliberaciones fueran publicadas, una tarea que tiene pendiente de cumplir la Secretaría de Gobernación.
En la conferencia matutina del 29 de julio de 2021, el presidente anunció que se liberaría a las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que no hayan sido sentenciadas en diez años.
Este beneficio también aplicaría para personas que fueron torturadas, comprobado mediante el Protocolo de Estambul; adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas, y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves.
“El supuesto que tiene que ver con las víctimas de tortura es muy limitado, es una disposición que va a favorecer a muy pocas personas que han sido sobrevivientes de tortura porque se limita a poner como requisito que cuenten con un protocolo de Estambul (…) Ana Georgina lleva 12 años privada de su libertad y en ningún momento se le practicó un dictamen. A la fecha ella se desistió porque justo fueron años de retraso (en su proceso) y prefirió ya no tener esta prueba con tal de que se pudiera resolver su caso”, explicó Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.
El 15 de octubre, la organización presentó la solicitud ante Secretaría de Gobernación (Segob) y el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar la preliberación de Ana Georgina, bajo el argumento de que ha permanecido privada de su libertad por más tiempo del máximo que prevé la Constitución, que son dos años.
“Es una disposición que, si bien es aplicable para el nuevo sistema penal, en realidad es una garantía que se debería respetar para todas las personas que están en un proceso”, subrayó la abogada.
En entrevista, la litigante detalló que en la solicitud que hicieron piden “un cambio de medida cautelar, lo que no significa que por llevar 12 años (privada de su libertad) se tenga que ordenar su inmediata libertad o que se le absuelva de los cargos, sino que, si va a continuar el proceso, que sea con una medida menos lesiva”, explicó Zamora.
Una de las opciones podría ser el uso de algún dispositivo electrónico o el arresto domiciliario.
El pasado 4 de enero el Centro Prodh recibió una primera respuesta a la solicitud, lo que parecía ser un buen indicio; no obstante, al leerla advirtieron que no estaba firmada y anticipaba que el caso de Ana Georgina podría ser revisado hasta que se publiquen las reglas de operación del comité que debe conformarse para dar cumplimiento al acuerdo emitido por el presidente López Obrador.
“Se le informa que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia tiene por presentada la petición para revisar el caso de la C. Ana Georgina Dominguez Macías (…) se le informa que una vez que se emitan las reglas de operación el caso será turnado para su análisis jurídico”, se lee en el correo electrónico recibido.
Según el acuerdo emitido por López Obrador – publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021– , la Segob contaba con un plazo no mayor de tres días hábiles, a partir de su emisión, para instalar el Comité encargado de dar seguimiento a la implementación de las disposiciones del acuerdo,
También determinó un plazo no mayor a 15 días hábiles para emitir las reglas de operación, según se expone en el segundo artículo transitorio del documento. Sin embargo, hasta la fecha eso no se ha cumplido.
“Es una injusticia”
El 13 de septiembre de 2009, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) emitió el comunicado 1118/09 en el que informó que el fiscal de la SEIDO había obtenido la medida cautelar de arraigo por 40 días contra tres presuntos colaboradores de la organización Cárdenas Guillén. Uno de esos presuntos colaboradores era Ana Georgina Domínguez Macías.
En el comunicado oficial se detalla que a la mujer se le detuvo en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando salía de una casa de seguridad y en posesión de más de 3 millones de pesos, “un vehículo, aparatos de comunicación, documentación contable de la organización donde se reflejan pagos de servicios, facturas en original de vehículos, escrituras de propiedades, cuentas bancarias, depósitos bancarios, chequeras…”
Han pasado 12 años desde aquel día, pero a pesar de las supuestas evidencias encontradas durante la detención, así como del testimonio de una testigo protegida –que más tarde se retractó y desapareció–, Ana Georgina continúa privada de su libertad sin una sentencia, es decir, es legalmente inocente.
Desde el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, la mujer de 39 años recrimina la indiferencia de las autoridades para atender y resolver casos de mujeres a quienes se les han fabricado delitos para sumar personas en las cárceles como señal de buenos resultados.
“Yo estoy alzando la voz no nada más por mí, sino por muchas (mujeres) porque somos muchas que tenemos la prueba de que somos inocentes y que todo fue fabricado y no puede ser posible que las autoridades no hagan nada”, dice a Animal Político en una llamada telefónica desde la prisión.
“No podemos estar más tiempo solo en proceso, ni siquiera con una sentencia. Es una terrible injusticia para mí, para todos los que estamos en la misma situación”.
“Necesitaban una tercera persona para que fuera delincuencia organizada”
La entonces PGR informó oficialmente que la mujer había sido detenida a bordo de un vehículo mientras salía de una casa de seguridad. Pero no fue así, sostiene Ana Georgina.
Hacia las 04:00 horas del 10 de septiembre de 2009, narra la mujer, un grupo de militares irrumpieron en su departamento. Ella, su entonces esposo y sus dos hijos, de 11 y 6 años, dormían.
Sin una orden de aprehensión ni de cateo, la detuvieron y llevaron a una base militar y a distintas casas de seguridad antes de presentarla, después de 13 horas, en la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.
Durante todo este tiempo, dice, nadie le explicó por qué la habían detenido, además de que fue víctima de violencia sexual y psicológica.
“Yo preguntaba y pues su respuesta era ‘cállate, hija de tu tal por cual, aquí las preguntas no las haces tu, las hacemos nosotros’ y cosas así. En ningún momento me dijeron ‘estás detenida por esto’ o ‘te vamos a llevar ante el Ministerio Público por esto’, nunca, en ningún momento”.
En la SEIDO había dos hombres a quienes detuvieron en Puebla dos días antes. Se trataba –de acuerdo con el comunicado divulgado por la Procuraduría– de Sergio Enrique Ruiz Tlapanco o Rubén Lara Hernández (a) “Tlapa” o “Z-44”, y Raúl Gutiérrez Jiménez. Según se le informó a la mujer, estos dos hombres pertenecían a un cártel “pero necesitaban una tercera persona para que fuera delincuencia organizada”, recuerda que le dijeron.
Según relata Ana Georgina, el propio personal de la SEIDO aceptó que había una confusión, que ella no era a quien buscaban, pero no la podían liberar.
“Me dijeron que no me preocupara, que yo podía conseguir un abogado y me iban a sacar muy fácilmente. Solamente que firmara los documentos que me decían para que eso pudiera terminar”, detalló.
Durante tres días fue torturada psicológicamente. Le presentaron grabaciones y fotos de sus hijos y le decían que si no firmaba los documentos los iban a matar. Al final los firmó. Después fue arraigada.
“Estuve tres meses en el arraigo solamente para investigación y (me dijeron) que si en tres meses no salía nada, me iban a liberar. Casualmente uno o dos días antes de que se cumpliera el tiempo del arraigo aparece un testigo y por el dicho de este testigo es que me dan auto de formal prisión”.
La mujer fue enviada a la cárcel por dos causas penales: delincuencia organizada y lavado de dinero.
El testigo protegido, quien se identificó con el nombre de Romeo, refirió que había visto a la mujer el 15 de abril de 2009 cuando entregaba dinero a militares, marinos y otras autoridades. Según explica Ana Georgina, el dicho del testigo era falso porque el 14 de abril ella había sido sometida a una cirugía en Villahermosa, Tabasco.
Se solicitó el expediente al hospital y ahí se confirmó que ella no pudo haber estado en Veracruz pagando sobornos a las autoridades porque estaba convaleciente; sin embargo, esta evidencia no fue tomada en cuenta.
“Al año y medio la Fiscalía me mandó una notificación y me dicen que la testigo con nombre tal -porque ya me dan el nombre, y supe que era una mujer, que era una expolicía- había dejado de ser testigo protegido por cuestiones de conflicto de intereses”.
Desde ese entonces ha estado privada de su libertad en penales del Estado de México, Nayarit y Morelos. Hace 10 meses, luego de ampararse ya que las notificaciones de su caso tardaban en llegar, fue trasladada de nueva cuenta al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
“¿Esperar 12 años más?”
Durante años, Ana Georgina ha intentado recuperar su libertad presentando las pruebas que demuestran su inocencia, pero los años pasan sin que logre conseguirlo. El abogado de oficio que se le asignó –reclama– no hace nada por ella y solo le pide esperar.
“Tristemente el defensor no hace mucho, solamente me dice que él se apega a los protocolos, que no puede hacer mucho, que al final de cuentas lo que diga el MP o el juez, y yo siento que podría ser más, pero pues realmente no le interesa mucho.
“Lo que me ha dicho el MP, en alguna ocasión, es que soy un delito del expresidente (Felipe) Calderón y que por ser mujer merezco estar en prisión sin siquiera hacer una investigación. ¡Cómo es posible que ella pueda ver o juzgar o señalar si no sabe realmente lo que sucedió!”, reprocha.
Los primeros años su familia pagó una defensa privada, pero lo único que hicieron fue sacarles dinero bajo las promesas de que en algunos meses lograrían ponerla en libertad.
“(Mi abogado) dice que no se puede hacer nada, solamente esperar. Y la verdad yo sí le he contestado (…) ‘¿esperar 12 años más, esperar 12 años más?’, y él dice que solamente se apega a los protocolos, que no puede hacer más”.
Luego de pasar años sin apoyo, más que con el abogado de oficio que le asignaron, desde hace tres meses Ana Georgina cuenta con el acompañamiento del Colectivo Mujeres Unidas X la Libertad que le ha ofrecido apoyo jurídico.
Desde el centro de readaptación, también conocido como Almoloyita, Ana Georgina confía en que las autoridades puedan revisar su caso y dejarla en libertad porque a pesar de las comunicaciones oficiales en las que se le vinculó con un cártel en Veracruz, en 12 años no han demostrado que eso sea cierto y ella sea culpable.
“A veces se me quebranta la fe, los ánimos, pero me vuelvo a levantar por mi familia. Pienso en ellos y digo que tengo que seguir adelante”, dice.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
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