En conferencia de prensa, el fiscal del estado, Iván Carpio, dijo que la participación del crimen organizado es una de las líneas de investigación que se siguen, ello luego de las narcomantas que aparecieron esta mañana en la ciudad de Tijuana donde se atribuye la autoría intelectual del asesinato contra Margarito Martínez, al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“No le tenemos miedo a nadie de quien este detrás de los homicidios, y si encontramos a alguien responsable lo llevaremos ante la justicia”, aseguró el fiscal, quien aclaró que si es necesario llamará a declarar al exgobernador Jaime Bonilla por su probable participación en el crimen contra la periodista Lourdes Maldonado, quien recientemente le ganó un litigio laboral por 500 mil pesos.
Sin embargo, dijo que hasta el momento no hay elementos para ello. También dijo que toda la información pública que está surgiendo se está tomando en cuenta.
Asimismo, se le preguntó si veía un tema político en el asesinato de Lourdes Maldonado y respondió que la fiscalía investiga un homicidio y se está haciendo responsable de indagar todas las líneas posibles.
Por lo que se refiere a las pruebas de balística, el fiscal estatal dijo que no hay pruebas que vinculen ambos casos, sin embargo, recordó que en el caso de Lourdes Maldonado no se encontró el casquillo de la bala.
En cuanto al nombramiento del fiscal encargado de encabezar las indagaciones, el fiscal dijo que Atalo Machado es un experto en materia penal y adversarial que ha capacitado a diversos jueces, así como en la investigación de delitos de alto impacto y complejidad.
También se informó que, desde la mañana del martes, Ricardo Mejía, subsecretario del Seguridad Pública y el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia perteneciente a la Secretaría de Gobernación, se encuentran en el estado para ayudar en las indagaciones y en mejorar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, la gobernadora informó que ya envió al congreso local una reforma al Código Penal estatal que contempla penas más severes a quienes atenten contra los periodistas.
“Estos acontecimientos nos dejan una cicatriz imborrable y nos obliga como gobierno a poner toda la fuerza del estado y los recursos para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia”, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“En mi gobierno haremos todo lo que este al alcance para lograr la protección e impulsar tareas de coordinación con los tres niveles de gobierno para devolverle la tranquilidad a las familias y los ciudadanos, en especial a quienes trabajan de manera honesta e informan al pública.
“Los derechos y libertades de la ciudadanía son tareas que los gobiernos deben de proteger”, comentó la gobernadora.
Por otro lado, el secretario de Gobierno, Catalino Zavala, informó que 11 periodistas del estado solicitaron allegarse al mecanismo de protección, de ellos dos dijeron haber recibido amenazas de muerte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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