Tras la sentencia, que descarta la hipótesis de suicidio, Bernardo Bátiz, exprocurador, y Renato Sales, exfiscal especial, “van a cargar la vergüenza y lo van a llevar en su conciencia, si es que tienen”, declaró Ochoa y Plácido en conferencia de prensa.
Al fijar el posicionamiento de la familia de la defensora ante la publicación de la sentencia del tribunal regional, Jesús Ochoa confió en que, a 20 años de la muerte de su hermana, ocurrida el 19 de octubre de 2001, se sepa la verdad pues existen las “condiciones políticas para que ello ocurra, los gobiernos federal, de la Ciudad de México, de Veracruz y hasta del mi pueblo, Misantla, son del mismo partido (Morena)”, por lo que no habría obstáculos insalvables.
“Si tienen la voluntad política y jurídica de reabrir el caso, se podrá lograr, en este caso castigar a quien tenga que castigar hasta miembros del Ejército, que prácticamente se descartó de tajo los primeros 15 a 20 días de la investigación, se hizo a un lado esa línea de investigación y Renato Sales hizo su versión histórica, fue otro (Jesús) Murillo Karam”, abundó Ochoa y Plácido.
En la conferencia de prensa, llevada a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), acompañado de sus abogados, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y del Centro para la Justicia Internacional, Jesús Ochoa recordó los 20 años de lucha de la familia por demostrar que Digna no se suicidó, como dijo la procuraduría del entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.
“Fue duro enfrentarse al gobierno, fue una travesía desigual durante 20 años En aquel entones luchamos contra las autoridades porque nos negaron el acceso a la justicia, primero a conocer el expediente y después a aportar los peritajes independientes para demostrar el asesinato de Digna.
“Como familia, sufrimos un fuerte desgaste económico, pero un fue impedimento para luchar por la verdad, a pesar de que nos enfrentarnos a cuestionamientos de la autoridad e incluso de algunas organizaciones sociales, nos denostaron tanto a nosotros y a la víctima cayendo en lo ridículo, pero tuvo que ser un organismo internacional el que ordenara al Estado mexicano reabrir las investigaciones sobre el caso de digna Ochoa, porque las que había carecían de veracidad como lo denunciamos nosotros desde el principio”, resaltó Ochoa y Plácido.
David Peña y Michelle Salas, abogados del Grupo de Acción, destacaron que el próximo martes primero de febrero, los familiares de Digna y representantes legales están citados en la Secretaría de Gobernación para tomar las primeras medidas de cumplimiento, entre ellas la reapertura del caso como asesinato, así como las apremiantes como la atención médica y psicológica a los familiares de la víctima.
Al señalar que las investigaciones serán llevadas a cabo por la Fiscalía de la Ciudad de México, Salas confió en que su titular, Ernestina Godoy, “haga honor a sus palabras y convicciones expresadas en 2003, cuando desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso y el castigo a los culpables”.
Peña apuntó que con esta sentencia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “tiene la oportunidad de demostrar que es distinto a los gobiernos anteriores, no sólo en el discurso de las mañaneras sino con hechos, no se trata solamente de expresar la voluntad política sino de tener la intención de llegar a la verdad”.
El defensor resaltó que la sentencia del caso Digna Ochoa “cayó como anillo al dedo” al gobierno federal toda vez que se encuentra en un proceso de consulta para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, tema en el que la Corte IDH en su sentencia “da las pautas de cómo debe ser ese sistema de protección”.
Marcela Martino y Lady Guzmán de Cejil, coincidieron en que la sentencia de la Corte IDH determinó que en México prevalece un “problema estructural” del sistema de procuración y administración de justicia de establecer “estereotipos de género” en agravio de las violaciones cometidas en contra de las mujeres, situación advertida en casos como Campo Algodonero, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las mujeres de Atenco, víctimas de tortura sexual.
Martino valoró que el tribunal regional alertara sobre el impacto que esos estereotipos tienen en casos de agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos y que en el caso de Digna Ochoa estuvieron encaminados a “justificar los crímenes contra ella”.
Lady Guzmán apuntó que la sentencia de la Corte es “una guía práctica de lo que no se debe hacer, para evitar que pasen muchos años sin esclarecimientos de los hechos sobre agresiones en casos de mujeres defensoras”.
Desde San José, Costa Rica, donde se encuentra la sede de Cejil, ambas defensoras concluyeron que “más que confianza en las autoridades, hay esperanza de que este caso sea un parteaguas, una oportunidad para que el Estado mexicano demuestre que su reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional no es mera narrativa, que se traduzca en actos concretos que transformen la realidad en este caso y otros más”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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