La declaración de Lozoya y la lista de pruebas (entre los que figuran testimonios, documentos y peritajes) fueron enviadas por escrito al juez Artemio Zúñiga esta semana de acuerdo con autoridades judiciales. Con ello la defensa cumplió con el requisito de fijar su posicionamiento respecto a la acusación presentada en diciembre por la fiscalía, y en la que pide sea llevado a juicio, se le declare culpable, y se le impongan las penas máximas que en conjunto suman hasta 39 años de cárcel.
Lo que sigue ahora es que el juez cite a las partes a la audiencia intermedia para que, tanto fiscales como abogados defensores expongan verbalmente su caso, y descubran las pruebas con las que cuentan. Dicha audiencia representa, además, la última oportunidad para el exdirector de Pemex de lograr un acuerdo o buscar una pena reducida. De no hacerlo el juez ordenará que el caso se vaya a juicio.
Por ley, la audiencia intermedia debe realizarse en un periodo de 10 a 20 días después de que la defensa responda a la acusación, lo que en este caso ya ocurrió. Por eso, se prevé que la audiencia intermedia de este proceso abierto bajo la causa penal 261/2019 se lleve a cabo a finales de febrero o principios de marzo.
En su acusación, la Fiscalía sostiene que Emilio Lozoya Austin habría recibido hasta nueve millones de dólares de transferencias provenientes de la constructora Norberto Odebrecht S.A. a través de diversas empresas fantasma constituidas en paraísos fiscales, y con cuentas en bancos europeos.
De esos recursos, al menos seis millones de dólares que se transfirieron al exfuncionario federal fueron sobornos directos que tenían la finalidad de lograr contratos con Petróleos Mexicanos en favor de la constructora. Dos millones de dólares se le pagaron al exfuncionario antes de que asumiera el cargo, y el resto una vez que ya dirigía la empresa del estado y fueron ocurriendo las adjudicaciones.
La Fiscalía también cuneta con declaraciones de directivos de Odebrecht que aseguran que en 2012 transfirieron hasta 4 millones de dólares a Lozoya. Estos recursos se habrían destinado, según los funcionarios brasileños, para apoyar la campaña del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto.
En respuesta a estas acusaciones, autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que Lozoya envió un escrito en el que se reserva el derecho de presentar los argumentos en su defensa hasta el momento en que se realice la audiencia intermedia, aunque con ello ratifica que no acepta haberse enriquecido para beneficio propio con recursos ilegales de la constructora brasileña.
Las pruebas de Lozoya
Para sostener su versión, el exfuncionario del gabinete del expresidente Peña Nieto ha ofrecido una lista de 37 pruebas en su descargo. Se trata de evidencias que de ser aceptadas en la audiencia intermedia tendrá que ser presentadas en el eventual juicio.
De estas 37 pruebas, 22 corresponden a testimonios de exdirectivos de la constructora brasileña y funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Por orden judicial, estas personas estarán obligadas a presentarse y testificar ante el tribunal de juicio oral que sea asignado para este caso.
A ellos se suman ocho pruebas documentales que la defensa también ha ofrecido. Entre dichos documentos, indicaron las fuentes consultadas, se encuentran las actas de las sesiones del consejo de administración de Pemex en las que se aprobaron los proyectos que se asignaron a la constructora brasileña. Con ello Lozoya busca reforzar la idea de que la decisión contratar a Odebrecht fue colegiada y no decidida por él.
Las siete pruebas de descargo restantes corresponden a peritajes en diversas materias, cuyos detalles se abundarán en la audiencia intermedia. Si se considera necesario, y los fiscales lo requieren, los expertos responsables de dichas pruebas periciales también podrían ser llamados a comparecer al juicio.
Anaya contra la pared
El excandidato presidencial del PAN y exdiputado federal, Ricardo Anaya Cortés, deberá comparecer el próximo lunes 31 de enero a las 9 de la mañana ante un juez de control del Reclusorio Norte para que la FGR le de a conocer la imputación que existe en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
La acusación en contra del panista se desprende de la denuncia que hiciera Emilio Lozoya en la que sostiene que recursos provenientes de la constructora Odebrecht se habrían utilizado para sobornar a legisladores de oposición –entre ellos Anaya– con la finalidad de que apoyaran la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto.
En noviembre del año pasado el juez responsable del proceso en contra de Anaya, Marco Antonio Fuerte Tapia, le ordenó al excandidato que se presente personalmente al juzgado, luego de en anteriores ocasiones se le permitió comparecer a distancia, pero sin obedecer la instrucción de que tenía que hacerlo desde algún sitio en Ciudad de México.
Hasta ahora dicha determinación se mantiene, aunque debido a la contingencia sanitaria desatada por la variante ómicron del COVID-19 (que ha contagiado al 30% del personal judicial en el Reclusorio Norte) el juez analizará si de último minuto le permite conectarse virtualmente.
Si la decisión de que acuda personalmente se mantiene y Anaya no se presenta, el juez anunció desde la audiencia pasada que autorizará a la FGR para que “busque los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias”. Autoridades de la fiscalía adelantaron a este medio que lo que se solicitaría es una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, pues desde el año pasado tienen documentado que dejó el país y no ha regresado.
En caso de que el Ricardo Anaya se presente voluntariamente a la audiencia y sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan, autoridades ministeriales confirmaron que solicitarán que se le imponga el encarcelamiento preventivo durante todo el tiempo que dure el proceso, bajo el argumento de que es la única medida factible para garantizar su presencia ante el juez y que no intente darse a la fuga.
En agosto de 2021 Ricardo Anaya anunció que se exiliaría del país tras ser notificado de que se había un proceso penal en su contra y que sería citado ante el juez. Aunque el exfuncionario ha sostenido en repetidas ocasiones que es inocente y que las acusaciones de Lozoya son contradictoras y carecen de fundamento, el panista dijo que se trataba de una persecución política y que la única opción para poderse defender adecuadamente era no ser detenido.
“En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando…”, dijo en ese momento Anaya Cortés.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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