Este 2021 mujeres y feministas que integran la red Nosotras Tenemos Otros alertaron que la violencia contra las mujeres y el feminicidio se expanden de forma alarmante en todo el país, por esa razón, en noviembre solicitaron al Gobierno federal declarar una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional. Sin embargo, la petición fue rechazada 20 días después.
A pesar de que, en México, al día se asesina a 10 mujeres, el 21 de diciembre la Conavim informó la no admisibilidad de la solicitud. Entre otras razones, porque la Alerta de Violencia de Género “no es diseñada para suplir la política integral del Estado”, razonamiento que a decir de la presidenta de la organización Mujeres en Cadena por una Vida Digna, Xóchitl Arzola Vargas, es irreverente.
Alarma ante alza del feminicidio
La propuesta de declarar una alerta nacional fue idea de las feministas que integran Nosotras Tenemos Otros Datos, una red creada en junio de 2020 para contrarrestar la desinformación generada por los “datos” del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre violencia contra las mujeres y para evidenciar la importancia de contar con políticas públicas y presupuesto para garantizar los derechos de las mexicanas.
En esta red, donde participan organizaciones como Mujeres en Cadena por una vida Digna y la Red Nacional de Alertistas —integrada por solicitantes de alertas en los estados— consideraron que si se toman los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre tres delitos: feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, en México se asesina a casi 20 mujeres al día.
Con este dato y argumentando que hasta ahora 25 estados del país cuentan con una Alerta de Violencia de Género y seis más se encuentran en proceso de declaratoria, el pasado 25 de noviembre los colectivos feministas entregaron una carta con la petición al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), encabezado por Nadine Gasman Zylbermann.
En entrevista, Xóchitl Arzola Vargas, expuso que el 24 de noviembre la red de mujeres también hizo la petición formal, siguiendo el proceso que establece la ley, y presentaron un documento ante la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación e instancia encargada de revisar estas solicitudes.
El 1 de diciembre la Conavim pidió a Mujeres en Cadena, organización legalmente constituida y encargada de la comunicación entre las organizaciones y la dependencia, cumplir con dos requisitos para seguir con el proceso. Uno era presentar el acta certificada de la conformación de la asociación civil peticionaria y el otro era entregar un informe puntual sobre la situación de las 32 entidades del país.
“Estábamos solicitando la alerta en el territorio nacional. Entregamos un documento muy amplio que se realizó durante todos estos meses. Incluso hicimos un comparativo con las cifras del año pasado, en donde se señalaba toda la información de violencia contra las mujeres, cuáles habían sido los cambios. Toda esta información siempre hemos tratado de basarla con las cifras oficiales”, destacó la defensora.
Sin claridad en los datos
El informe sobre violencia contra las mujeres, publicado en noviembre de 2021 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a noviembre de este año, 3 mil 427 mujeres fueron asesinadas, de ellas 2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso y 887 de feminicidio. Solo con estos datos se sabe que en promedio al día son asesinadas 10 mujeres.
Si a a las cifras se agregan los 2 mil 967 homicidios culposos registrados por el Secretariado Ejecutivo en este periodo de 2021, como lo hicieron las organizaciones civiles, la cifra se dispara hasta casi 20 mujeres asesinadas al día, dato que no es reconocido por el Estado mexicano.
Sin embargo, lo cierto es que si en 2017 había siete asesinatos de mujeres al día, la cifra se incrementó en tres años, porque en 2020 la cifra fue de 10 casos cada 24 horas, lo que a decir de las organizaciones civiles habla de la falta de atención a este problema de violencia.
Además, de acuerdo con Arzola Vargas, la sentencia emitida en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio de 2010 en el Estado de México, obliga a que todas las muertes violentas de las mujeres sean investigadas con perspectiva de género, algo que no ocurre en el país.
Aun así el 7 de diciembre las organizaciones entregaron la información requerida y ese mismo día se presentaron en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para exponer su solicitud ante los medios de comunicación. Allí fueron flanqueadas por legisladoras federales como Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano; Margarita Zavala Gómez del Campo, del PAN; y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, quienes se sumaron a la demanda.
En esa reunión, Arzola Vargas, junto con la abogada feminista Patricia Olamendi Torres y una de las integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Marina Reyna Aguilar, expuso que una alerta nacional haría que los gobiernos estatales y municipales implementaran acciones para garantizar una vida libre de violencia para las ciudadanas, porque hasta ahora no hay coordinación.
Sin casos concretos, no hay alerta
En la siguiente comunicación con la Conavim, relató Xóchitl Arzola Vargas, el organismo les pregunto si, además del comparativo de cifras, tenían casos concretos. “La pregunta fue muy extraña porque ese no es un requisito para la solicitud. Entonces mi respuesta fue que los casos concretos estaban señalados”. Desde el punto de vista de la defensora, se supone que las denuncias registradas oficialmente se están investigando.
Finalmente, el 21 de diciembre Mujeres en Cadena recibió el acuerdo de la Conavim, firmado por la comisionada Fabiola Alanís Sámano, por medio del cual se informó de la no admisibilidad de la solicitud. En seis puntos, la institución, explicó las razones para rechazar el análisis de una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional, entre ellas, que la alerta “no es diseñada para suplir la política integral del Estado.
El documento, entregado a la organización que representa a la red Nosotras Tenemos Otros Datos, indica que la alerta es “para focalizar acciones a partir de la identificación de hechos de violencia que se dan en contextos y condiciones que caracterizan a cada una de las entidades federativas y sus municipios”.
“Básicamente se hace referencia a que la alerta es para un territorio determinado. Esa es una de las notificaciones que manifiestan y es como la más irreverente porque, si bien la ley sí se refiere a que la Alerta de Género es para un territorio determinado, nunca hace referencia a la magnitud del territorio determinado”, expuso Arzola Vargas.
En la solicitud de la sociedad civil, agregó, no se pidió desechar las alertas vigentes o en proceso de análisis sino instaurar una política pública de mayor calado, transversal, nacional en donde se atacara el fenómeno de los asesinatos de mujeres.
Durante casi tres años, hasta antes del 30 de diciembre, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024, no existía un plan pata atender la violencia feminicida en el país.
“Que se hagan responsables”
En la respuesta de la Conavim, la institución dijo coincidir en la necesidad de estudiar y analizar la situación de violencia contra las mujeres que existe en las entidades federativas, a pesar de ello no habría una alerta nacional.
Ante las fechas complicadas, debido a que la respuesta se presentó en diciembre, cuando las instituciones están en periodo vacacional, las organizaciones aun analizan si interponer un amparo o tomar otras acciones para generar una coordinación nacional para atender el femincidio y la impunidad en estos crímenes.
“En necesario que las autoridades se pongan a hacer su chamba porque insistimos en que es necesario que se hagan responsables de lo que ocurre en sus territorios y sobre todo es necesario una coordinación de los tres niveles de gobierno”, expuso Xóchitl Arzola Vargas.
A la pregunta de qué hace falta, la respuesta de la sociedad civil es clara: faltan protocolos, presupuesto, programas. “La seguridad de las mujeres no es una prioridad, no ha sido una prioridad”, expuso la feminista.
Desde la primera declarataria de Alerta de Violencia de Género, activada en 2015 en el Estado de México, van dos presidentes de la República, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que no atienden esta realidad, además de gobernadores y presidentes municipales que también son omisos, agregó.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
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