En entrevista telefónica, la defensora refirió que su hija se encontraba en situación de desplazamiento forzado en Hidalgo, luego de que, en agosto de 2021, el domicilio de Martínez Vázquez, donde tenía su oficina de la Defensoría Legítima del Pueblo, fuera vandalizado y saqueado, después de una serie de amenazas recibidas por la activista, hechos que fueron detallados en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de enero de 2022, sin que a la fecha tenga respuesta.
“En 2019 participé en el proceso de selección para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y me uní al grupo de aspirantes que impugnamos la designación de Rosario Piedra Ibarra, recurrí a los tribunales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y he estado activa en el acompañamiento de familiares de víctimas de desaparición, de ejecuciones extrajudiciales, entre otros casos.
“He sido amenazada por la entones secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que dejara de impugnar la presidencia de Piedra Ibarra, así como por mi actividad como defensora, y se me ha negado ingresar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a pesar de las amenazas y agresiones en mi contra”, sostuvo.
De acuerdo con el documento entregado a la Presidencia de la República, el 27 de abril de 2021 una cabeza de cerdo “con el hocico amarrado con un listón rojo” fue arrojada a la entrada de su casa en la Ciudad de México; días después, el 20 de mayo, recibió una nota con amenazas de muerte, obligándola a ella y a sus hijos a salir de su domicilio; y el 19 de agosto, su casa fue vandalizada y saqueada, del área donde se encontraba su oficina los agresores se llevaron sus computadoras y documentos de las víctimas a las que representa.
Al presidente López Obrador, la defensora narró que la carpeta de investigación iniciada por los hechos no presenta avances “y por esa denuncia mis abogados fueron amenazados y dejaron de representarme, lo cual evidencia el acoso y la persecución bajo la que me encuentro yo y las personas que trabajan conmigo”.
En la carta detalló que, al preguntar a sus vecinos por los hechos ocurridos, le comentaron que, al tratar de intervenir, “quienes destrozaron mi oficina y mi casa, y se llevaron todas mis pertenencias, decían que era el gobierno y que se iban a quedar con mi casa”.
Pese a esos hechos, hasta ahora el Mecanismo de Protección le ha negado en tres ocasiones brindarle garantías de seguridad.
Nayeli Martínez agregó en entrevista que después de esa agresión, su hija Luisa Nayeli entró en depresión porque ella fue la primera que llegó al domicilio dañado, por lo que en noviembre pasado su padre la envió con familiares a Hidalgo.
“Ella no tiene amigos, no sale de la casa de sus tíos; el jueves por la tarde llegó a la casa y se encerró en su cuarto, y el viernes por la mañana, sus tíos se dieron cuenta que no estaba y empezaron a buscarla; a las 5 de la tarde el padre de mi hija se comunicó conmigo y me avisó lo que había ocurrido, por lo que procedí a interponer una denuncia en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Hidalgo y a reportar la desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda”, abundó Nayeli Martínez.
La activista teme que la desaparición de su hija de 21 años forme parte de la cadena de agresiones que ha sufrido desde que en 2019 decidió postularse como presidenta de la CNDH y presidir la Defensoría Legítima del Pueblo.
“Me preocupa que los responsables sean agentes del Estado, porque después de tantas agresiones no he recibido respuesta del gobierno, pero eso no me ha detenido para continuar mi trabajo como defensora, tengo temor fundado de que la desaparición de mi hija tenga que ver con una escalada de agresiones contra mi persona y mi familia”, alertó Nayeli Martínez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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