La ley general en materia de desaparición de personas −publicada en noviembre de 2017−, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en México, entre ellas la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que hasta ahora no ha entrado en operación.
La demanda de amparo fue presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclama diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses.
#Comunicado | Juzgado admite demanda de amparo contra la #FGR por omitir crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
— Centro Prodh (@CentroProdh) January 5, 2022
El #BNDF ayudaría a revertir el rezago forense y a la búsqueda de miles de personas desaparecidas, pero no se ha implementado.
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En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en la demanda se argumenta que dicha omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas.
La omisión de la fiscalía ha sido advertida también por diversos familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales, como la CIDH y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un Banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos.
“Los múltiples hallazgos de fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios, realizados principalmente por las familias ante la omisión de las autoridades, no han sido debidamente procesados por la falta de capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permitan la identificación de los cuerpos y restos hallados. Además del impacto en las familias, las deficiencias en el ámbito forense dificultan la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas”, destaca.
Los altos niveles de violencia, la falta de capacitación institucional, la falta de recursos, el diseño inadecuado para el trabajo efectivo de los servicios forenses, el uso deficiente de la genética y las bases de datos, el mal resguardo de los cuerpos, las dificultades para restituir a las personas identificadas a las familias y la poca transparencia son algunas de las razones que explican la crisis forense que sufre México.
Al día de hoy se tiene registro oficial de más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados.
De acuerdo con información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 se han localizado mil 749 fosas clandestinas y 3 mil 025 cuerpos han sido exhumados. De éstos, únicamente mil153 (38.11%) han sido identificados y apenas 822 (27.17%) han sido entregados a sus familiares.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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