El caso llegó al máximo tribunal desde el año 2018, sin embargo, fue returnado y pasó sucesivamente por las ponencias de los ministros Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Margarita Ríos Farjat, a esta última, Elektra la impugnó porque fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y quedó finalmente en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
El proyecto aprobado señala que “se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, lo que implica que los ministros consideraron que el asunto carece de la importancia y trascendencia necesarios para que fuera resuelto por la SCJN, por lo que regresará al tribunal de origen.
Incluso, los dos ministros que votaron en contra del proyecto, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron por no desechar el asunto, sino directamente negar el amparo.
La determinación de la SCJN advierte que existen precedentes en donde ya se ha resuelto el tema de constitucionalidad planteado, estos antecedentes señalan que en casos como este, no procede el amparo.
El caso surgió a raíz de que la empresa fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y a la distribución, y pretendió que lo invertido en esta operación le fuera deducido del ISR.
Esto fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Grupo Electra llevó el caso hasta la SCJN, donde su amparo fue desechado este miércoles.
En febrero del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.
AUTOR: EDUARDO MURILLO.
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