Tras esta decisión, el agente no puede ser apartado de su puesto de trabajo hasta que el juzgado entre a valorar el fondo del asunto: si la notificación de su despido fue ajustada a ley o, por el contrario, se trata de una decisión irregular y tiene derecho a seguir en su puesto.
En su auto de suspensión provisional, al que tuvo acceso Animal Político, el juez pide a las autoridades que “se abstengan de separar del cargo que actualmente desempeña el solicitante de amparo, así como de suspender los derechos de seguridad social y los emolumentos que le corresponden”.
“Soy el primer policía que ha logrado esta suspensión. Soy la piedra en el zapato de todos los que nos quisieron engañar”, dijo el agente en entrevista. El oficial, con más de 20 años de antigüedad, pidió quedar en el anonimato por miedo a sufrir represalias. “De una u otra manera fuimos llevados de forma tramposa y ruin, varios fueron engañados”, afirmó, en referencia a la forma en la que los superiores de la FGR convocaron a los despedidos.
La decisión del juez, que se publicó el 31 de diciembre, permitió a este agente regresar a su puesto de trabajo el lunes 3 de enero sin que sus superiores pudieran hacer nada por impedirlo. Sin embargo, por el momento no le están dando funciones que cumplir, ya que la perspectiva era que estuviese fuera de la institución, como decenas de sus compañeros.
Hasta que juzgado decida
“La presente determinación no tiene como efecto constituir derecho alguno en favor del quejoso, en cuanto a que permanezca en el cargo que actualmente ocupa por un periodo mayor al del nombramiento que se le haya otorgado”, dice el juez en su resolución. Esto quiere decir que la suspensión no implica que el policía tenga garantizada su plaza.
Lo que previene es que no sea despedido antes de tomar una decisión, ya que en caso de que perdiese ahora el empleo, la reforma constitucional de 2008 le impediría regresar, según explicó su abogado, Pedro Ayala Espinoza. “El juez dice que se respete su derecho constitucional a seguir trabajando”, dijo.
Ahora, las partes deben presentar un informe previo y posteriormente se celebrará una audiencia en la que se abordará la legalidad del despido.
Un dato importante: esta suspensión y todo lo que se derive del amparo afecta única y exclusivamente a la persona que lo presentó. Hasta el momento hay otros agentes que presentaron amparos y que han sido rechazados. También hay otro que fue tramitado en la Ciudad de México y que el juzgado lo derivó a Guanajuato, que es donde el agente estaba destinado.
Otra cosa es que, con este antecedente, haya otros policías que recurran a los juzgados en caso de ser despedidos próximamente. Se ha generalizado el temor al interior de la institución y muchos temen ser los siguientes. Así que este puede ser un recurso para quienes no desean abandonar el cuerpo y ni ser forzados a la disyuntiva entre cheque o nada.
Los despidos al interior de la FGR comenzaron el pasado 28 de febrero, cuando policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público fueron citados en diversas oficinas y se les notificó que en tres días estarían fuera de la institución. Según los testimonios recabados por Animal Político, varios de los afectados fueron citados con engaños: sus superiores les aseguraban que tenían que entrevistarse con un coordinador para llevar a cabo una diligencia o, sencillamente, les pedían comparecer sin dar una explicación.
Una vez allí, los agentes recibieron un ultimátum: o se acogían a una baja voluntaria recibiendo un cheque o se marchaban y se daba por notificado su despido por razones presupuestarias y de reestructuración del servicio. Ante esta disyuntiva, muchos optaron por tomar el dinero y muy pocos recurrieron a la justicia, conscientes de que el proceso puede ser muy largo.
Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre cuántos agentes han sido despedidos, aunque los afectados hablan de que existiría un listado con al menos 900 nombres, la mayoría de ellos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no se ha confirmado cuántos de ellos recibieron su carta o cuántos la esperan, viviendo con la expulsión del cuerpo como si fuera una espada de Damocles.
Animal Político consultó con la FGR en diversas ocasiones desde que se conocieron los despidos, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Notificación por email
Tras el revuelo generado por los primeros eventos de despido, la FGR cambió de estrategia y comenzó a notificar utilizando el correo institucional. En un oficio fechado a 29 de diciembre y firmado por Edgar Gerardo Aguilar Quintana, jefe regional de la unidad administrativa de la Policía Federal Ministerial en Ciudad de México, se comunica a los oficiales que a partir del 25 “las cuentas de correo electrónico institucionales se utilizarán como medio legal preferente para llevar a cabo cualquier notificación de interés general y/o individual, de carácter laboral o administrativo”. Este fenómeno se ha repetido en toda la República.
A juicio de la abogada Reyna Velasco, que representa a algunos oficiales, esta nueva fórmula de comunicación busca evitar que los agentes se reúnan en un mismo lugar y se den escenas de enfado o descontento. El primer día de los despidos ya se difundieron varios videos en los que se refleja, por ejemplo, una oficial que rechaza ser filmada mientras entrega la baja a un policía.
Los despidos se han desarrollado con total opacidad por parte de FGR, que no ofrece datos sobre cuántos fueron afectados ni tampoco cuál es la reestructuración a la que hacen referencia los oficios en los que se da la baja a los agentes. En los pasillos de la institución se repite el rumor de que existe un interés en militarizar la institución y se pone como ejemplo el proceso que puso fin a la Policía Federal para que naciese la Guardia Nacional. A día de hoy, sin embargo, no hay una explicación oficial. Tampoco si las expulsiones van a continuar ni cuál fue el criterio para dejar a fuera a decenas de elementos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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